sábado, 4 de julio de 2015

En torno al "ELA de la FIFA", viudas negras, y lo que sería de nosotros si no fuera por los americanos


Hace un tiempo atrás, con una mezcla de franqueza y arrogancia, la jefa de la fiscalía federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, fiscal Rosa Emilia Rodríguez cuestionó a manera de pregunta retórica que qué nos haríamos nosotros (los puertorriqueños) si no fuese por ellos, refiriéndose al gobierno federal.
El contexto histórico de esas expresiones pareció entonces darle la razón. Después de todo, lo que conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se encuentra en un proceso de descomposición regresiva que ha motivado al gobierno federal de los Estados Unidos a retomar – muy discretamente, por cierto – funciones cedidas al gobierno puertorriqueño a partir del 1952. En ninguna área de nuestra vida es ello más palpable que en la seguridad pública. La quiebra económico-moral del ELA no solo delata el fracaso del gobierno puertorriqueño para garantizar la seguridad pública, sino además la preocupación de la metrópoli con los potenciales problemas en términos de estabilidad social y política que ello puede generar. El mismo sentido de preocupación que acompañó a las tropas invasoras que entraron por Guánica un 25 de julio de 1898.
El secreto de la supremacía que las expresiones de la fiscal federal ponen de manifiesto, no radica sin embargo en algún sentido mal fundado de superioridad, sino en algo más sencillo y, por lo mismo, frecuentemente obviado: quién ejerce la soberanía sobre quién. Y para comprenderlo, el caso criminal que el gobierno federal estadounidense prosigue contra Áurea Vázquez Rijos por la muerte de su esposo Adam Anhang, ofrece un ejemplo elocuente.
Cuando de procesar casos criminales se trata, las autoridades federales pueden darse el lujo de ser muy selectivas a la hora de ejercer su jurisdicción. Si se presta atención, se advertirá que los casos e investigaciones en los cuales el gobierno metropolitano corrientemente desplaza al puertorriqueño, son aquellos que cautivan la atención del público y los medios informativos: desde vice-presidentes del Senado y gobernadores de Puerto Rico; pasando por masacres que puedan remontar el repudio cultural boricua contra la pena capital; y terminando por cualquier acto delictivo lo suficientemente llamativo como para permitir al gobierno federal proseguir con su obsesiva gestión de reforzar su imagen de indispensabilidad entre los habitantes de este País.
El caso de la señora Vázquez Rijos, por ende, más tentador no podría parecer. Se trata de un proceso de alto calibre mediático, sazonado con un proverbial “¡ups!” de las autoridades boricuas al procesar y condenar por ese crimen a la persona equivocada. Una vez la Sra. Vázquez Rijos – para entonces radicada en Italia – cometió el desliz de trasladarse a España en gestiones de negocios, su arresto allí a petición de los federales pareció marcar el inicio de la crónica de una condena largamente anunciada. Al momento de redactar estas líneas, si embargo el caso del Pueblo de los Estados Unidos versus Áurea Vázquez Rijos se encuentra empantanado en un compás de espera que amenaza con poner en jaque el procesamiento de ella y otros dos co-acusados. Ahora hay que esperar a que la Sra. Vázquez Rijos de a luz, para ver lo que pasa.
La clave, por supuesto, radica en el ejercicio de la soberanía. Los Estados Unidos no pueden enviar a sus alguaciles a detener a la Sra. Vázquez Rijos a Italia o a España. Tienen que respetar a esos países soberanos. Tienen que acatar sus ordenamientos jurídicos y procesos judiciales. Tienen que pedir permiso.
Para poder hacer en otros países lo que sin obstáculos hacen en Puerto Rico, los federales tienen que buscar el apoyo y colaboración de otras soberanías. Fue así como – contando con la colaboración del gobierno Suizo – lograron el alcance necesario para procesar a altos funcionarios de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), quedando dicha entidad al nivel de cualquier estado libre asociado. No fue casualidad que se catalogara esa acción contra la FIFA como un ejercicio en imperialismo por quienes se jactan de ser policías mundiales.
Mientras tanto, el respeto a la soberanía ajena tiene reducida a la fiscalía federal en Puerto Rico al mismo nivel que cualquier dependencia criolla en la periferia del imperio. Un nivel del cual es muy difícil salir, a menos que el sujeto en la mirilla responda al nombre de Manuel Antonio Noriega o Saddam Hussein.

martes, 16 de junio de 2015

El triste y precario reinado de Alejandro I el Hechizado


A partir del año 2001, la política puertorriqueña inauguró la época en la que aún continuamos viviendo: la de los monarcas eunucos.

Se trata de aquellos gobernantes que carecen de la fuerza o apoyo popular para reinar por más de un cuatrienio, con su capital político ya en erosión tan pronto juramentan su cargo. Desde Sila I la Disminuida (2001-2005), continuando con los reinados de Aníbal I el Accidental (2005-2009) y Luis III el Pasmado (2009-2013), convertirse en gobernante de Puerto Rico implica heredar la pesada carga de una línea sanguínea lastrada por los estertores agónicos de un Estado Libre Asociado agotado. Ahora, como espécimen elocuente de este proceso degenerativo sin obstáculos, nos rige Alejandro I el Hechizado (2013-2017). El no es el primer monarca embrujado, sin embargo.

En 1506, el trono español unificado por los Reyes Católicos Fernando e Isabel, pasó a manos de una nueva dinastía nacida bajo el signo de los matrimonios por conveniencia. El nuevo linaje de los Habsburgos – o Austrias, como más comúnmente se les conoció por el país de origen – se inauguró con la ascensión al trono de Juana I la Loca y Felipe I el Hermoso, seguidos por los llamados “Austrias mayores” Carlos I y Felipe II. Tras la muerte de este último, el Estado español y su imperio comenzaron su lento declive presidido por los llamados “Austrias menores”, Felipe III, Felipe IV y, por último, Carlos II el Hechizado.

De precaria y raquítica condición física y mental, el reinado de Carlos II (1665-1700) presidió la decadencia postrera de España como gran potencia europea, y su eventual rendición como satélite de la monarquía francesa de los Borbones. A la pérdida de guerras, prestigio y territorios, se sumó la incapacidad del Estado español para implementar reformas que detuviesen la inexorable debacle de sus arcas, su poder e incluso su espíritu.

Del mismo modo y sin ser directamente responsable de las circunstancias bajo las cuales le tocó reinar, Alejandro I preside un régimen que ya no encuentra consuelo en el reformismo colonial de antaño. El Estado puertorriqueño que rige lo es cada vez menos, con las magras prerrogativas ganadas por el ELA en 1952 progresivamente revirtiendo a manos de las autoridades metropolitanas estadounidenses. Como los monarcas eunucos que le precedieron, pero de una manera aún más precaria y accidentada, Alejandro I reina sobre un régimen colonial cada día más endeble e inestable, incapaz ya de hacer cumplir por sí mismo sus labores policíacas y condenado a una cada vez mayor dependencia de las providencias metropolitanas. Este nuevo Hechizado es cada vez más impotente para dirigir y persuadir a su propio partido oficialista, como no sea mediante amenazas solapadas de colapso gubernamental y crisis sociales.

Al igual que en 1665 con el Estado español, en 2015 el Estado puertorriqueño se está desgastando; carcomido sin remedio por sus contradicciones internas, y presidido por un liderato que parece contentarse con plantear que la calentura sí está en la sábana. Si esto no es, precisamente, estar bajo los efectos de un conjuro maléfico, entonces nada lo es.

miércoles, 4 de enero de 2012

La doctrina de las consecuencias imprevistas


El pasado 16 de diciembre de 2011, se publicó una sentencia en el caso llamado Pueblo v. Pérez Feliciano, mediante la cual el tribunal reinstaló una condena contra el acusado, por violencia doméstica. Si bien todos los jueces estuvieron de acuerdo en condenar a presidio al acusado, surgió una polémica que generó varias ramificaciones, una de las cuales es objeto de este ensayo.

Quienes hayan seguido columnas previas tales como Ideología suprema, partes 1, 2, y 3 y La excusa más antigua, conocen que la creciente pujanza del anexionismo ha logrado penetrar uno de los más recónditos reductos del estadolibrismo: el Tribunal Supremo. Como resultado de esa no necesariamente serena transición, el tribunal produce expresiones públicas que ameritan un comentario, por sus potenciales implicaciones para el futuro.

Si algo demuestra Pueblo v. Pérez Feliciano, http://www.ramajudicial.pr/resolucion/2011/Pueblo-v-Eligio-Perez-CC-2010-762.pdf, y otras decisiones judiciales de reciente cuño, es que el advenimiento del anexionismo como nueva mayoría en el Tribunal Supremo está lejos de ser una transición plácida o, tan siquiera, culminada. Sugiere además que media allí un tenso ambiente, en un recinto diseñado para que magistrados de igual rango laboren conjuntamente. Una tensión probablemente agudizada por el tranque de que un sector ideológico controle los votos, mientras que el otro regentea la administración judicial.

Por un lado, tenemos una aplastante mayoría de seis jueces anexionistas (Roberto Feliberti Cintrón, Erick V. Kolthoff Caraballo, Rafael L. Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Edgardo Rivera García y Luis F. Estrella Martínez) versus tres estadolibristas (Federico Hernández Denton, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez). Por el otro, el estadolibrismo continúa en control del aparato administrativo de la rama judicial, en virtud de la facultad constitucional que coloca esa responsabilidad en el Juez Presidente Hernández Denton. A su vez, y por tratarse de magistrados con el mismo rango, la incomodidad que nace de los roces internos en nuestra corriente maquinaria judicial tiene que diseminarse de alguna manera. En nuestra historia judicial, la válvula preferida lo ha sido la palabra.

Como parte de sus opiniones separadas, la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Martínez Torres entraron en un duelo de palabras que se extendió a dirimir el uso de publicaciones en línea como fuentes de autoridad para sustentar sus posturas jurídicas. La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez citó varias entradas o artículos de blogs de naturaleza jurídica particularmente críticos de las posturas asumidas por la nueva mayoría anexionista (www.derechoalderecho.com y www.poderyambiente.blogspot.com). A la riposta, el Juez Asociado Martínez Torres criticó el uso de esas fuentes cibernéticas como autoridades, en lugar de citar preceptos legales específicos o historiales legislativos, aseverando de paso que

[s]olo faltó citar las frases de Mafalda (http://www.todohistorietas.com.ar/frasesdemafalda.htm). En fin, tal parece que debíamos ignorar el derecho aplicable para en su lugar, recoger las opiniones de algunas cibernautas. Si lo hacemos, ¿cuál es el límite? En lugar de citar la Constitución federal, ¿citaremos www.theonion.com? ¿Obviaremos la Constitución de Puerto Rico para en cambio citar un blog como El Ñame (www.elname.com)?

Por supuesto, los blogueros y cualquiera de los integrantes de este Tribunal tienen perfecto derecho a creer que la ley debe cambiar para acoger la posición que se esboza en la Opinión Concurrente. Sin embargo, la labor del Poder Judicial, a diferencia del rol de la Asamblea Legislativa y de las opiniones en la blogosfera, es el de interpretar la ley como está, no como quisiéramos que fuera.

El citado intecambio tiende a sugerir que, ante el nuevo status de minoría del estadolibrismo, el pulseo ideológico se ha desbordado de los contornos físicos del Tribunal Supremo hasta crear campos de confrontación y resistencia en la Academia, contra el “nuevo” Tribunal. Este novel escenario, por supuesto, explica la reacción del Juez Asociado Martínez Torres (a la cual se unieron el Juez Asociado Kolthoff Caraballo y la Juez Asociada Pabón Charneco), pero a su vez crea una situación incómoda sobre quienes nos valemos del inmenso poder democratizante de la Internet para exponer puntos de vista y formular aportaciones no sujetas a la censura ni a las limitaciones al flujo de ideas que suponen los medios tradicionales de expresión pública.

Tal y como el Juez Asociado Martínez Torres además expresara en el citado caso, “la elección de cada uno de nosotros al opinar y las palabras que utilizamos tienen consecuencias”. Conforme a la doctrina de las consecuencias imprevistas (conocida en el idioma inglés como “the doctrine of unintended consequences”), las expresiones de los miembros de nuestro más alto foro nacional poseen el potencial de causar ondas expansivas más allá de su objetivo definido, dada su prominencia y respetabilidad en nuestra sociedad. Es por ello que cierro este comentario con las expresiones del Juez Asociado Harry Blackmun del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003, 1036-1037 (1992) (http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=505&invol=1003):

Today the Court launches a missile to kill a mouse...

My fear is that the Court’s new policies will spread beyond the narrow confines of the present case. For that reason, I, like the Court, will give far greater attention to this case than its narrow scope suggests--not because I can intercept the Court’s missile, or save the targeted mouse, but because I hope perhaps to limit the collateral damage.

domingo, 25 de diciembre de 2011

La Primera República

Durante la mañana del 27 de septiembre, un contingente de soldados bajo el mando del coronel Francisco Martínez salió desde Ponce en dirección hacía Adjuntas. Apenas cinco días después, el coronel Martínez ordenó colgar al prisionero por las manos, lo abofeteó, escupió, le rompió la boca con la culata de su pistola, y le arrancó los pelos de la barba. El infeliz prisionero respondía al nombre de Manuel Rojas Luzardo, líder máximo del alzamiento surgido en Lares en 1868. Tomando como base el trabajo de la historiadora Olga Jiménez de Wagenheim, reflexionemos sobre aquellos días.
Aunque desorganizada por haber comenzado antes de lo planificado, la insurrección que estalló en el tranquilo pueblo de Lares durante la madrugada de 1868 logró tomar por sorpresa a las autoridades municipales. Alrededor de seiscientos hombres marcharon ese día en dos columnas dirigidas por Rojas Luzardo y por Juan de Mata Terreforte. Algunos iban a caballo; la inmensa mayoría iba a pie. Algunos portaban armas de fuego; la inmensa mayoría sólo machetes u otras armas blancas. Allí habían hacendados, comerciantes, profesionales, jornaleros e incluso esclavos cuya libertad individual había sido ofrecida a cambio de luchar por la colectiva.
Con el grito de guerra “Viva Puerto Rico libre; Muerte a los españoles; Viva la República”, el primer ejército libertador boricua hizo su entrada en Lares. Los comerciantes, la inmensa mayoría de ellos españoles, fueron levantados de sus camas y obligados a rendirse a nombre de la República. Sellado con el éxito inicial, el liderato de las fuerzas rebeldes se reunió en Lares para configurar el primer gobierno boricua bajo la independencia. Un hijo de Aguadilla, Francisco Ramírez, fue nombrado como su primer Presidente. Otros nombres tan olvidados como los de Ramírez y Rojas Luzardo merecen ser igualmente recordados. Clemente Millán fue nombrado Ministro de Justicia; Federico Valencia, Ministro del Tesoro; Aurelio Méndez, Ministro de Relaciones Exteriores; Bernabé Pol, Ministro de Estado. Una vez nombrados los jefes militares del nuevo ejército puertorriqueño, quedó proclamada nuestra Primera República. Tras un breve descanso y solemne conmemoración en la iglesia lareña, el ejército rebelde inició su marcha hacia su siguiente objetivo: capturar San Sebastián del Pepino.
Fue en esta segunda fase del desarrollo de nuestra Primera República, donde el movimiento de liberación nacional comenzó a caer preso de sus debilidades. Al entrar a la plaza de San Sebastián, los rebeldes se encontraron con una resistencia inesperada por parte de las milicias del gobierno colonial. La frustración por las autoridades españolas de los esfuerzos del doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán para introducir armas de fuego a Puerto Rico, dejó a nuestras fuerzas libertadoras desprovistas de ese recurso. El liderato rebelde, a pesar de su valentía y convicción, carecía de experiencia militar previa y del entrenamiento necesario para organizar un ejército disciplinado. Tras alrededor de una hora de combates en la plaza de San Sebastián, las muestras de resistencia del gobierno colonial comenzaron a hacer mellas en la moral boricua. Patriotas tales como Manuel de León, Venancio Román y otro combatiente de Mayagüez (nuestro primer Soldado Desconocido) murieron en combate.
El tropiezo en San Sebastián llevó al liderato rebelde a tomar la fatídica decisión de retirarse y a esperar, vanamente, por noticias sobre el doctor Betances y Alacán, y de que otros pueblos se hubiesen alzado en pos de la Primera República. Esas buenas nuevas nunca llegaron. A la retirada de San Sebastián le siguió la desmoralización de los combatientes rebeldes y la deserción de algunos de ellos. El gobierno colonial contó con tiempo para montar su ofensiva. La insurrección había fracasado. A muchos de los rebeldes les tocó un destino similar al de Rojas Luzardo. El gobierno colonial efectuó más de doscientos arrestos. Las cárceles no daban abasto, al punto de que se alquilaron locales privados para mantenerlos prisioneros. Decenas de patriotas que lucharon por nuestra liberación comenzaron a morir en presidio a causa de las heridas sufridas en combate, ante la ausencia de asistencia médica.
A las vejaciones físicas sufridas por nuestros héroes del Grito de Lares les han seguido las históricas. Así por ejemplo, se ha intentado desmerecer esa gesta con el señalamiento de que algunos de sus líderes, tales como el hacendado Matías Brugman y el propio Rojas Luzardo, eran extranjeros. Siguiendo semejante argumento, entonces habría que desmerecer igualmente los movimientos de liberación latinoamericanos que contaron con el liderato de Simón Bolívar, y la guerra de independencia de los Estado Unidos, tan auxiliada por militares franceses tales como el Marqués de La Fayette. Los mártires del primer gran esfuerzo de liberación nacional no tienen estatuas frente al Capitolio; sus nombres no figuran en tarjas conmemorativas de los caídos en combate. Mientras tanto, la ciudad que vio nacer la Primera República pierde su lema y máxima distinción, la cual apenas conmemora una vez al año.
Por eso esta columna sale a la luz hoy, y no un 23 de septiembre.

“Es la economía, estúpido”

¿Tomó usted tiempo para leer en su totalidad el famoso informe del grupo de trabajo presidencial estadounidense en torno al status de Puerto Rico? Yo no, aunque sí me ocupe de escuchar a analistas y políticos de todas las ideologías para corroborar que nada nuevo había en el panorama. Aparte de que es insultante que se nos considere un antro de corrupción gubernamental e infeccioso foco de dengue, la realidad es que el contenido del informe no vale su peso en papel, ni siquiera en formato electrónico.
En el principio, fue el Tratado de París de 1898. Conforme discutiéramos hace unos años atrás (“El Tratado de París de 1898”), la clave de nuestra presente situación colonial yace en la lapidaria oración final del Artículo IX de ese tratado: “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”. El Artículo VI, Sección 2 de la Constitución estadounidense (comúnmente conocida como la “Cláusula de Supremacía”) dispuso que los tratados tendrían el mismo nivel de autoridad que las leyes aprobadas por el Congreso y la propia Constitución. Conforme, pues, al entramado constitucional estadounidense, es el Congreso quien tiene la última palabra, con un Tribunal Supremo que tradicionalmente ha jugado el papel de justificador de los actos congresionales para la preservación del régimen colonial. El papel del Presidente en este esquema de sumisión, desde William Mckinley hasta Barack Hussein Obama, se reduce al final del camino al de administrador colonial de turno.
Fue por lo anterior que en otra columna (“La colonia, en los tiempos de Obama”) hice constar mi escepticismo con respecto a las esperanzas, especialmente dentro del sector anexionista, de que algo en verdad iba a cambiar. El informe presidencial de Obama es, pues, el más reciente mensaje del Estado de Situación Colonial por el administrador de turno, quien tiene cosas más importantes que hacer. No siempre ha sido así, sin embargo, pues siempre hay una excepción a la regla. Entre todos los presidentes estadounidenses conmemorados con estatuas frente al Capitolio boricua, el único que para el anexionismo intelectualmente honesto merecería semejante reconocimiento, lo sería el que llegó a la presidencia casi por accidente y se retiró sin pena ni gloria. Se llamaba Gerald Rudolph Ford (1974-1977).
Conforme a los hallazgos de estudiosos como Ronald Fernández (“The Disenchanted Island”), Ford fue el único mandatario que atendió con seriedad el problema de la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Este presidente accidental heredó los problemas creados por sus antecesores, quienes recurrían a la dilación o incluso, en el caso de Lyndon Baines Johnson, a permitir que el FBI interfiriese con el plebiscito de 1967. Contrario a presidentes anteriores y posteriores, Ford no buscó acomodos inexistentes para el tan predicado “crecimiento del ELA”, reconociendo que Puerto Rico sólo tenía dos opciones dignas: la independencia y la estadidad. Un Puerto Rico soberano, con su importancia estratégico-militar en medio de la Guerra Fría, era inaceptable para el Presidente, sin embargo. Por eso y apenas a semanas de su salida de Casa Blanca, Ford nombró una comisión para estudiar la transición de nuestro País a un estado de la Unión.
Los esfuerzos del Presidente Ford se estrellaron contra un Congreso que no tuvo, ni tiene al presente, la intención de admitir a Puerto Rico como un estado o de resolver el asunto de la relación colonial. Cuando el Tratado de París de 1898 dispuso que la condición de los habitantes de los territorios adquiridos sería determinada por el Congreso, los redactores de ese lenguaje no hicieron sino dar continuidad a la tradición que nació con esa república en 1776: la de que el Congreso de los Estados Unidos de América siempre actúa teniendo en cuenta lo que es mejor para esa nación. Por eso, cuando usted estudia el modelo de crecimiento seguido por los Estados Unidos, desde los trece estados originales en 1776 hasta la incorporación de Alaska y Hawai en 1959, notará que cada nuevo estado aportaba riquezas materiales, con su incorporación, a la Unión. Nunca es al revés, y con Puerto Rico no ha sido ni será la excepción.
Tras más de un siglo de dominación colonial, el Congreso continúa actuando con Puerto Rico teniendo siempre en cuenta lo que es mejor para los Estados Unidos. En estos tiempos de la Gran Recesión, y cuando todo parecía apuntar al mejor momento para el anexionismo en décadas, nuestro creciente rezago económico con respecto a la metrópoli se convierte en el gran abismo que transforma las aspiraciones en quimeras. Es por eso que el más reciente informe presidencial se dirige rápidamente a ocupar su nicho dentro del gran cementerio de la futilidad, que sólo una empantanada relación de sumisión colonial puede generar.

La Masacre del Domingo de Ramos de 1937

Esa mañana, Georgina se levantó más temprano que de costumbre. Se había enterado días antes de que los nacionalistas iban a marchar en conmemoración de la Abolición de la Esclavitud. Su familia prometió llevarla a ver el desfile nacionalista tras asistir a Misa, y fue por eso que Georgina se levantó más temprano que de costumbre, aquel Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.
A punto de cumplirse la cuarta década tras la invasión y ocupación por los “americanos”, ya Ponce no lo era tanto. La otrora capital alterna del País se mecía adormecida en los brazos de un sueño de lenta decadencia, rodeada por interminables malezas azucareras que anunciaban varios meses de febril actividad agrícola, seguidos por otros tantos de Tiempo Muerto. El ambiente político del País, sin embargo, estaba de todo, menos muerto. Siete años antes de aquel Domingo de Ramos, Don Pedro, un hijo de la comarca y abogado graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard, había asumido el mando del emergente Partido Nacionalista. Su verbo incendiario le faltaba el respeto a las vacas sagradas del régimen presidido por hombres blancos que no hablaban español. El jefe de la “policía insular”, Elisha Francis Riggs, fue ejecutado por dos jóvenes nacionalistas en San Juan en febrero de 1936, en venganza por una masacre de nacionalistas que ocurrió en Río Piedras a manos policíacas. La prensa escrita informaba que Don Pedro y el alto liderato del Partido Nacionalista habían sido arrestados por orden del fiscal federal, Aaron Cecil Snyder.
Georgina, por supuesto, tenía apenas una vaga noción de estos eventos. A sus trece años, ella sólo quería ver aquel Domingo de Ramos el desfile de hombres y mujeres uniformados a favor de lo que sus padres llamaban La República. En aquellos días presenciar un desfile, especialmente si era de nacionalistas, era todo un acontecimiento. Que ocurriese durante la lenta y cansada Cuaresma, sólo hacía más atractivo el singular evento. Su familia sabía que el presidente americano Franklin D. Roosevelt había nombrado un gobernador malo en todo el sentido de la palabra. Se llamaba Blanton Winship. Este individuo era un militar retirado que, junto a Riggs, fue destinado a Puerto Rico en 1934. Sus órdenes eran simples: pacificar la Isla, agitada por grandes huelgas de obreros de la caña que comenzaban a tornar sus miradas al Partido Nacionalista de Don Pedro. Los temores de algunos familiares de Georgina fueron calmados. “Los nacionalistas no van a desfilar con armas de verdad, no hay na’ que temer”, se musitaba.
A los ojos del gobernador Winship, la muerte de nacionalistas a manos de la “policía insular” era un mero suceso; la muerte de Riggs, no. A pesar de que ninguna ley prohibía las manifestaciones, ordenó al coronel Enrique Orbeta, nuevo jefe policíaco, dirigirse a Ponce para decretar la prohibición del desfile nacionalista. El alcalde ponceño José Tormos Diego se unió al coro de prohibiciones. Los organizadores del desfile le anunciaron a las autoridades que el desfile se iba a dar, tanto por ser su ejercicio a la libre expresión, como porque decenas de nacionalistas iban camino a Ponce desde diversos puntos del País para participar. También lo hacían, aunque no lo decían, por Don Pedro encarcelado.
Era ya pasado el mediodía del Domingo de Ramos de 1937, cuando Georgina y su familia llegaron a pie a la intersección de las calles Marina y Aurora. Sus padres comenzaron a inquietarse al observar policías en las esquinas, portando rifles o ametralladoras. El sol de Cuaresma azotaba con el rigor propio de la época. La brisa apenas se sentía. Los Cadetes de la República, vestidos de blanco y negro, se ocupaban de cuadrar su formación y montar sus rifles de madera en sus hombros. El Cuerpo de Enfermeras hacía lo propio, mientras en la retaguardia los componentes de la orquesta afinaban sus instrumentos. Todos miraban con ojos nerviosos la muralla de uniformes y metal que se había formado a su alrededor. Muchos policías, armas en mano y prestos a disparar, oraban en silencio porque nada pasara o que alguien los despertara de esa pesadilla. Otros, con miradas secas y frías, parecían acariciar la oportunidad de desquitar a su jefe caído y probar que eran buenos “americanos”.
Tomás López de Victoria, capitán de los Cadetes de la República, ordenó el inicio del desfile, a la vez que la banda comenzó a entonar La Borinqueña. Un policía lanzó un tiro al aire en la inmediaciones del comité del Partido Nacionalista en la calle Marina. Los ojos de Georgina se llenaron de un pánico nunca antes experimentado, al ver policías que comenzaban a disparar tanto a los nacionalista... como a ella. Uno de los episodios más barbáricos en la historia de Puerto Rico culminó con una veintena de muertos, decenas de heridos... y los nacionalistas acusados de haberlo provocado.
Setentaicuatro años después, en la ahora avenida Constitución y frente al Capitolio, existe una elegante estatua del presidente Roosevelt, dignamente sentado en su silla de ruedas. Cuando pase usted por allí obsérvela, y quizás verá gotas de sangre caer de esas manos metálicas, incluyendo las de una niña de trece años, muerta durante la Masacre del Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.

El cénit del centauro

Esta columna que está leyendo, no estaba programada. El impasse creado ante la declaración de culpabilidad del senador novoprogresista Héctor Martínez Maldonado por un jurado del tribunal federal estadounidense con sede en Puerto Rico, y la negativa del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz a expulsarlo de ese cuerpo, es un suceso histórico que merece nuestra atención y comprensión en su justa medida.
Desde su ingreso a la palestra pública, Rivera Schatz se ha destacado por ser una de las figuras mas fieras de nuestra fauna política. Durante la administración de Sila María Calderón Serra (2001-2004), el hoy presidente del senado participó prominentemente en el famoso motín de 2002 en la Procuradoría de la Mujer. En el terrible período del gobierno compartido bajo el gobernador accidental Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008), Rivera Schatz dirigió la fallida ofensiva de su mentor político, Pedro Rosselló González, en pos de lograr para este último la presidencia del Senado. A pesar de no contar con experiencia previa como senador, logró alcanzar a la primera oportunidad la presidencia del Senado para convertirse, como expuse en una columna anterior (“De Hernández Agosto... a Rivera Schatz”), en el líder legislativo más poderoso de las últimas dos décadas. Es además el adversario más formidable que enfrenta el actual gobernador Luis Fortuño Burset.
En estos días, sin embargo, la posición asumida por Rivera Schatz ante la condena federal contra Martínez Maldonado le costó la virtual soledad. Aparte de los senadores novoprogresistas que obedientemente se plegaron a su decisión de defender al colega caído, lo mismo adversarios políticos, que periodistas, que analistas y politólogos, encontraron inexplicable e injustificable su proceder, e incluso proclamaron su suicidio político. Exploraremos una explicación alterna, utilizando como base dos ejemplos históricos recientes. Para ello, parto del principio de que el FBI está nuevamente en pleno uso del instrumento del procesamiento selectivo, como en los casos de Nicolás Nogueras Cartagena, Jorge de Castro Font y otros (según propuse en “El efecto Medusa” y en “Entre Escila y Caribdis”). En efecto, uno de los verdaderos “poderes que son” en el ámbito colonial le está tendiendo un cerco al presidente del Senado, como se evidencia por el arresto federal en enero pasado de dos cercanos colaboradores de Rivera Schatz y, por supuesto, el procesamiento y convicción de Martínez Maldonado. Este patrón no es nada nuevo, bastando un poco de memoria histórica para comprobarlo.
Después de un cuatrienio fuera del Senado, Nicolás Nogueras Cartagena, una de los grandes figuras políticas del Partido Nuevo Progresista, regresó a dicho cuerpo en 1989. Ya para 1993, Nogueras Cartagena se había convertido en vice-presidente del Senado. Poco después, sin embargo, su posición comenzó a tambalearse ante informes de prensa que le atribuían ser sujeto de numerosas investigaciones criminales, tanto a nivel puertorriqueño como estadounidense. Ya para abril de 1996 Nogueras Cartagena enfrentaba un proceso de expulsión del Senado que, a no ser por el espectáculo mediático que protagonizó el FBI estadounidense al arrestarlo frente a su propia residencia y ante las cámaras de televisión apenas horas antes, probablemente habría sobrevivido. El “show” de su mero arresto por el FBI fue suficiente para que un acobardado Senado lo desterrara del cuerpo.
Tras alcanzar la cúspide del poder gracias al más reciente período de gobierno compartido, la carrera política de Jorge de Castro Font sufrió el remezón de acusaciones de la fiscalía de los Estados Unidos en octubre de 2008. Milagrosamente, su candidatura logró sobrevivir ese abrazo de oso, resultando reelecto en virtud del maremoto electoral de noviembre de 2008, pero sólo para finalmente entregarse en enero de 2009 sin jurar su nuevo cargo y sin haber sido juzgado. Como en el caso de Nogueras Cartagena, el Senado aceptó – ya fuere por miedo o por conveniencia – que meras acusaciones por parte de “los federales” fuese suficiente motivo para sacrificar a uno de sus miembros.
La diferencia con casos pasados, por supuesto, es que Rivera Schatz esta vez no se ha acobardado. Su enfrentamiento al todopoderoso FBI, la fiscalía y el tribunal estadounidenses, guarda ecos de gestas que no se veían desde hacía una década, en la medida que le niega el respeto a instituciones coloniales acostumbradas a la pleitesía de quienes temen que mirarlas a los ojos los conviertan en piedra. El incidente Martínez Maldonado es, pues, el más serio y reciente de la confrontación entre el sector anti-colonialista del anexionismo y el poder federal estadounidense, que se inició en abril de 1999 con un error militar en la isla municipio de Vieques.
Por eso, donde otros ven el nadir del presidente senatorial, yo atisbo el cénit del centauro que enfrenta los poderes coloniales que son, en la mejor tradición de Rosselló González y Carlos Romero Barceló.