martes, 25 de diciembre de 2007

Camino al imperio

En mi columna anterior, le propuse al lector la existencia de varias bases sobre las cuales se asienta la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La primera lo fue el Tratado de París que puso fin a la Guerra de 1898 con España. Vimos cómo una seria disputa entre los delegados españoles y los estadounidenses en torno a qué estos últimos pretendían hacer con los llamados “naturales” de la isla que adquirían, condujo a la inserción de una oración en que se consignó que la “condición” de esos “naturales” sería determinada por el Congreso de los Estados Unidos. En esta ocasión, pretendo acometer la tarea de ubicar al lector en tiempo, espacio y, sobre todo, la visión de los Estados Unidos, al momento del cambio de soberanía. Armaremos un rompecabezas.

Cuando evocamos la palabra “imperio”, el pensamiento casi instintivamente lo asocia con regímenes monárquicos o dictatoriales. Al pensar en un imperio, por ende, casi invariablemente viene a la mente un “emperador” o una “emperatriz”; no un “presidente”, mucho menos “congresistas”. Ello no obstante, para los dirigentes de los Estados Unidos de finales del Siglo 19 – presidentes, congresistas, jueces del Tribunal Supremo – esa nación tenía perfecto y “natural” derecho a competir con las potencias europeas en la obtención de territorios – habitados o no – para su explotación.

Siendo una nación fundada en principios de democracia, libertad e igualdad, a esos dirigentes de los Estados Unidos, les resultaba incómodo utilizar el lenguaje típico de sus competidores europeos: “explotación”, “control”, “colonias”. Para justificar sus aventuras imperiales, los Estados Unidos optaron por crear un nuevo paradigma. Su invasión y dominio de otras tierras y pueblos estarían cimentados en su “deber” de “civilizarlos”. Siendo los Estados Unidos – pensaban – una nación democrática forjada bajo principios cristianos, su credo era superior al del resto de las naciones del orbe. A su vez, esa superioridad innata “imponía” a esos dirigentes – hombres cristianos y blancos – la pesada carga (“the white man’s burden”) de educar a los pueblos “inferiores”. Este paradigma se conoce como el “Destino Manifiesto”, el cual ha sido ampliamente discutido y analizado tanto por la historiografía estadounidense como por la puertorriqueña.

Hoy en día, muchos historiadores estadounidenses aceptan que los Estados Unidos en efecto crearon un imperio, pero con un giro particular. Historiadores como Lester Langley y Robert Pastor proponen que los Estados Unidos se vieron involucrados en una dinámica en la zona del Caribe que los “obligó” a asumir posturas intervencionistas. Otro historiador estadounidense, nada más y nada menos que el historiador del Pentágono, Ivan Musicant, postuló que los Estados Unidos se convirtieron en un imperio por defecto o carambola (“Empire by Default” se llama su libro, precisamente). Un imperio “sin querer, queriendo”; el “imperio bobo”, como una vez lo llamó Luis Muñoz Marín.

A esta visión de mundo por parte de los Estados Unidos, hay que añadirle ahora otro ingrediente: su obsesión con lo que llamaremos “el principio de la legalidad”. Siendo un país fundado en una constitución escrita, y de la cual el Tribunal Supremo es su máximo interprete, para los Estados Unidos todo aspecto de la vida tiene que estar regulado por su ordenamiento jurídico: algo es legal o no lo es; no hay puntos grises ni intermedios. A su vez, esa constitución posee lo que en el lenguaje legal se conoce como la “Cláusula de Supremacía”, conforme a la cual la “Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebraren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la suprema ley del país”. Esa misma constitución – que, como ya podemos ver, expresamente reconoce los tratados, como el de París, como parte de su “ley suprema” – posee otra cláusula que es la pieza final del rompecabezas: la llamada “Cláusula Territorial”, la cual reza que “el Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.

Comencemos a armar el rompecabezas. Las negociaciones entre los representantes de los países beligerantes deja claro que, al asumir el control de Puerto Rico en virtud del Tratado de París, los Estados Unidos lo hacían con el mismo objetivo que las potencias europeas adquirían territorios: un resarcimiento por su esfuerzo guerrerista y a despecho de los derechos que los “naturales” del territorio adquirido. El cambio de soberanía supuso cerca de dos años de gobierno militar para nuestro País, hasta que entró en vigor la Ley Foraker en abril de 1900. Se proveyó así a Puerto Rico con un gobierno de corte civil cuyas principales figuras – el Gobernador y los jueces del Tribunal Supremo inclusive – eran nombrados directamente por el Presidente estadounidense.

Así, caen en su sitio las dos primeras piezas: el Tratado de París, dándole legitimidad al Congreso para determinar la condición civil de los “naturales” de la Isla; y el “Destino Manifiesto” que justifica el apartamiento estadounidense de los principios democráticos que dieron vida a la república en 1776, para negarle a los puertorriqueños el control de su destino en pos de la necesidad de “educarles” primeramente en el auto-gobierno.

En la próxima columna, exploraremos la fuerza que unió las piezas restantes del rompecabezas colonial: los Casos Insulares.

1 comentario:

VirtualDokuments dijo...

Excelente trabajo, mis felicitaciones