domingo, 9 de diciembre de 2007

De “Porto Rico” a Puerto Rico

Mover legislación por el Congreso de los Estados Unidos (Cámara de Representantes – Senado) para luego lograr la firma del Presidente que convierte un proyecto en ley puede ser, como lo demuestran los distintos esfuerzos en años recientes por aprobar legislación descolonizadora de nuestro País, una tarea engorrosa, por no decir casi imposible. Ello no obstante, en dos años, entre marzo de 1930 y mayo de 1932, el Congreso estadounidense y el Presidente dieron paso a legislación que enmendó la Ley Orgánica Jones de 1917 – sucesora de la Ley Foraker de 1900 – para restituir el nombre de Puerto Rico a nuestro País y eliminar así una disposición legal con treinta años de vigencia. Veamos algunos pormenores.

En términos formales, todo se inició con la aprobación por el Senado de Puerto Rico de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 2 de 18 de marzo de 1930, misma que llevó por objetivo el de “solicitar del Congreso de los Estados Unidos de América, la restitución oficial del verdadero nombre de esta Isla.” Nótese el uso de expresiones tales como “restitución” y “verdadero nombre”, como intimando que, en lo que a los puertorriqueños concernía, el nombre del País no podía ser cambiado. Esta resolución recibió la aprobación unánime en el Senado y, luego, en la Cámara de Representantes.

La petición puertorriqueña llevó a la presentación de la “Senate Joint Resolution 193” en junio de 1930 en el Senado estadounidense, donde fue aprobada. Sin embargo, y por razones no del todo claras, el proyecto se estancó, no siendo presentado nuevamente sino hasta abril de 1932. Nuevamente, el proyecto de ley denominado “Changing the Name of the Island of Porto Rico to ‘Puerto Rico’”, pasó sin problemas en el Senado. La versión de la Cámara de Representantes, interesantemente, se llamó “Correct the Spelling of the Name of the Island of Puerto Rico”. La presencia en dicho cuerpo del Comisionado Residente Félix Córdoba Dávila sin duda explica la diferencia.

No obstante, la presencia de nuestro Comisionado Residente estuvo lejos de garantizar un trámite sin novedades para la redención del nombre de nuestro País. De hecho, el discurrir de esa legislación tuvo, por momentos, un trámite angustioso.

El proyecto de ley para el cambio de nombre fue considerado por la Cámara de Representantes federal durante la tarde del miércoles 11 de mayo de 1932. Fue el primer proyecto que se trajo a colación durante dicha sesión vespertina. Tras la lectura del mismo, el proyecto comenzó de inmediato a confrontar objeciones de varios representantes. Por ejemplo, un representante de apellido Johnson afirmó con sarcasmo que para él, el proyecto del cambio de nombre constituía “un absolutamente irreducible mínimo de legislación pública”. Otro representante, de apellido Stafford, fue aun más lejos en su cuestionamiento de por qué, si los Estados Unidos de América había ejercido su poder sobre la Isla al cambiarle su nombre tres décadas atrás por el “americanizado” nombre de Porto Rico, era ahora necesario “gratificar el caprichoso sentimiento de los habitantes locales de Porto Rico que son de descendencia española y que desearían que el nombre se pronunciara a la usanza española en lugar de a la anglicana o americana”.

Al fin y a la postre, prevalecieron aquellos que defendieron el derecho del pueblo puertorriqueño a que su país fuese llamado por su nombre en español. El argumento que más se utilizó entre éstos, y probablemente el que más peso mereció, lo fue que los puertorriqueños continuábamos hablando en español, no obstante los esfuerzos del proceso de americanización por imponer el inglés como idioma de uso diario entre la población. Un representante de apellido Lozier, argumentó en este sentido que “no existe razón, ya sea en la historia, el idioma o las tradiciones de esta gente de habla española que provea legitimidad al uso del término extranjero ‘Porto’, usado en conexión con sus habitantes”. Por su parte, un representante de apellido Keller sostuvo que “sería inútil obligar a ese pueblo a mantener el nombre de Porto Rico, que nada significa para ellos”.

Una moción presentada para que el proyecto de cambio de nombre fuese retirado, fue derrotado en votación de 88 a 31. Con ello, se salvó el último obstáculo presentado para descarrilar la legislación congresional que, a partir del día 17 de mayo de 1932, significó el reconocimiento por los Estados Unidos de que nuestro País se seguía llamando Puerto Rico.

Para esa misma época, el gobierno de los Estados Unidos decidió abandonar en definitiva la política de americanizar a Puerto Rico. Las clases cesarían de dispensarse obligatoriamente en inglés. Volvería a celebrarse el Día de Reyes. Hoy en día, esta dinámica histórica que he resumido y que vivieron nuestros abuelos, resulta desconocida para la mayoría de los puertorriqueños. Su recuerdo debe servirnos para comprender cómo algo aparentemente tan sencillo como un cambio de nombre puede, desde el punto de vista de los Estados Unidos como poder colonial, representar todo un conflicto de décadas de duración. Al menos durante aquellos todavía no tan lejanos tiempos, ser puertorriqueño sí resultó ser cuestión de idioma.

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