martes, 25 de diciembre de 2007

Los Casos Insulares: 1901 a 1922

¿Es Puerto Rico parte de los Estados Unidos? A partir del 1901, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió más de una decena de controversias relacionadas con las leyes orgánicas que el Congreso de los Estados Unidos promulgó para los territorios que esa nación había adquirido (las Filipinas, Guam, Puerto Rico, etc.), incluyendo la Ley Orgánica Foraker aprobada en 1900. Alrededor de la mitad de esas controversias judiciales se originaron, precisamente, en Puerto Rico. Son los llamados Casos Insulares.

Los contornos de esta columna son demasiados estrechos para explicar los Casos Insulares en toda su dimensión. Existen excelentes estudios en torno a este fascinante tema, tales como los de los jueces federales José Cabranes y Juan Torruella, y el profesor de Derecho Efrén Rivera Ramos. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de estos estudios han sido redactados en el idioma inglés, pues su lectura ha ido mas bien dirigida al público estadounidense que al puertorriqueño.

En muy apretada síntesis, los Casos Insulares son la contribución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al proceso de la política colonial de expansión que experimentó esa nación. Como vimos en los inicios de esta serie, el Poder Ejecutivo estadounidense (la presidencia) estuvo a cargo de conducir las negociaciones que resultaron en el Tratado de París de 1898. Como fruto del referido tratado, quedó en manos del poder legislativo (el Congreso) determinar “la condición” de “los naturales” de estos territorios, lo cual en efecto hizo al aprobar la Ley Foraker para proveer un gobierno civil a nuestro País. La implementación de estatutos orgánicos como la Ley Foraker creó a su vez controversias que fueron a parar a los tribunales.

Los orígenes de estas controversias en Puerto Rico y los otros territorios tienen un denominador común, que fue objeto de gran discusión en los círculos intelectuales estadounidenses de la época. Lo que estaba en juego, era si los habitantes de estos territorios recién adquiridos iban a tener los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses de los estados federados. En otras palabras, la controversia consistía en determinar si “la Constitución seguía a la bandera” (“the Constitution follows the flag”).

No era una controversia fácil de dilucidar. A partir del inicio de su proceso de expansión y crecimiento (o sea, creación e incorporación de nuevos estados), los Estados Unidos habían adoptado un modelo que consistía, en términos simples, del reconocimiento e incorporación de territorios que, eventualmente, pasaban a convertirse en estados (Idaho, las Dakotas, Oregon, por ejemplo). Esta regla tenía sus excepciones: California y Texas se constituyeron primero en repúblicas antes de pasar a ser estados de la Unión. Lo que sí sucedía con los territorios, es que sus habitantes pasaban a gozar de todos los derechos dimanantes de la Constitución estadounidense, desde antes de convertirse en estados. En efecto, “la Constitución estaba siguiendo a la bandera”.

La expansión de los Estados Unidos más allá de su actual espacio continental, le supuso a las clases dirigentes de esa nación lidiar con el asunto de cómo tratar con tierras que no eran contiguas a los estados (Alaska, Hawaii, las Filipinas, Puerto Rico, etc.), y que estaban habitadas por gentes de costumbres y razas distintas a la blanca anglosajona. Los que propulsaban el método tradicional de expansión, por así llamarlo, sostenían que a esos habitantes de los nuevos territorios debían reconocérseles todos los derechos, como siempre se había hecho con los que habitaban los territorios que se convertían en estados. Otros propulsaban la noción de que, de los Estados Unidos reconocerle todos los derechos a los habitantes de esos nuevos territorios, atarían sus manos ante su empeño por crear su propio imperio.

Al darse a conocer las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1901, resultó claro que los favorecedores de la política imperialista habían triunfado. Ese Tribunal determinó que Puerto Rico, y por consiguiente otros territorios en igualdad de condiciones (Guam, las Filipinas) era un territorio “arrimado y perteneciente” (“appurtenant and belonging”) a los Estados Unidos. Esta concepción original fue dando paso, con el tiempo y dentro del propio Tribunal Supremo, a otra que hoy en día aun escuchamos: el territorio no incorporado.

En efecto, el primer gran resultado de los Casos Insulares fue crear una nueva categoría de territorios que, contrario a los que antes habían sido aceptados eventualmente como estados, no estaban necesariamente destinados a esa misma condición. Puerto Rico fue el primer “territorio no incorporado” en la historia de los Estados Unidos. El Poder Judicial de esa nación creó una nueva criatura jurídica, conforme a la cual el Poder Legislativo mantendría control sobre nuestro País en virtud de la Cláusula Territorial, la que ya vimos establece que “el Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”. Bajo tal condición, los habitantes del territorio no incorporado de Puerto Rico sólo tendrían algunos derechos constitucionales.

El autor principal de esos primeros casos insulares fue un juez de nombre Henry B. Brown. Ese fue el mismo magistrado que, una década antes, consagró la doctrina racista de “separados pero iguales”, mediante la cual se legalizó la segregación racial en los Estados Unidos. Con los Casos Insulares, consagró a su vez el principio de que los Estados Unidos podía retener en una condición de inferioridad a los territorios y sus habitantes que pasaron a ser propiedad del nuevo imperio.

En mi próxima columna, veremos más de cerca algunos de esos Casos Insulares y cómo se manifiestan en Puerto Rico, al día de hoy.

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