sábado, 26 de enero de 2008

Guantánamo y Juana Díaz son...

A raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos volcó sus recursos militares en la captura o ejecución los responsables por esos eventos. Una parte fundamental de esa lucha lo fue la transformación de la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, en un centro de detención para los “enemigos combatientes” capturados. Entre los años 2002 y 2004, un grupo de esos “enemigos combatientes” retaron en un tribunal federal la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para mantenerlos prisioneros indefinidamente en Guantánamo.

Una de las controversias planteadas lo fue hasta qué punto, si alguno, las garantías de la Constitución federal estaban disponibles para estos “enemigos combatientes”. Mediante una sentencia dictada el 31 de enero de 2005, el tribunal determinó que estos prisioneros poseían algunos derechos pero otros no. Para ello, el tribunal se basó, en parte, en los Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1901 y 1922. El tribunal concluyó que los Casos Insulares mantenían su vigencia, incluyendo el último de los mismos, Balzac vs. Porto Rico, de 1922. La relación del caso de Balzac, y de Puerto Rico, con los “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, merece una explicación.

La controversia que daría origen al caso Balzac tuvo lugar en 1918, un año después de que los Estados Unidos le confirieran a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, mediante la Ley Orgánica Jones de 1917. El periodista Jesús María Balsac (en efecto, su apellido se escribía con s y no con z) publicó dos editoriales atacando duramente al entonces gobernador, Arthur Yager. Contra Balsac se presentaron dos cargos por libelo criminal, siendo condenado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó las condenas.

Balsac apeló al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ante dicho foro, sostuvo que su condición de ciudadano estadounidense le hacía acreedor a ser juzgado por un jurado. La estrategia legal detrás del caso contra Balsac era que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyese que la otorgación de la ciudadanía estadounidense en 1917 significó la “incorporación” de Puerto Rico a los Estados Unidos, por lo que los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico tendrían los mismos derechos que sus conciudadanos residentes en los estados de la Unión incluyendo, por supuesto, el derecho a un juicio por jurado.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en contra de Balsac. Por voz de su Juez Presidente William H. Taft, el tribunal concluyó que no existía tal cosa como una “incorporación implícita” (a pesar de que algunos años antes ese mismo tribunal había resuelto que ello era posible, en relación con el territorio de Alaska). El tribunal decidió que el Congreso le había otorgado a los puertorriqueños, a los que describió como “una comunidad insular, distante, antigua y compacta”, una ciudadanía estadounidense incompleta y “territorial”, y que si los puertorriqueños querían gozar de todos los derechos constitucionales federales tendrían que mudarse de Puerto Rico para alguno de los estados de la Unión.

Ese juez Taft, el mismo que antes había sido Presidente de los Estados Unidos, fue además uno de los principales arquitectos de la política colonial estadounidense en años previos a su estadía en el Tribunal Supremo. A raíz de la Guerra de 1898, el entonces Presidente McKinley lo nombró Gobernador de las islas Filipinas. Bajo el Presidente Theodore Roosevelt, Taft sirvió como Secretario de la Guerra, interviniendo en los asuntos internos de Cuba y en la construcción del Canal de Panamá. Luego como Presidente, defendió la situación colonial de Puerto Rico y hasta afirmó que la Isla estaba en “constante progreso”. En 1922 y desde el Tribunal Supremo, suscribe de su puño y letra el último de los Casos Insulares que, como ya vimos, siguen vigentes.

Años después, mediante la Orden Ejecutiva 12244 de octubre de 1980, el entonces Presidente Jimmy Carter ordenó trasladar al Fuerte Allen en Juana Díaz, a cientos de refugiados haitianos que habían huido de su patria en dirección a los Estados Unidos. Al igual que la base militar de Guantánamo, la de Juana Díaz poseía la característica de ubicar en territorio “perteneciente” a los Estados Unidos, pero que no era “parte” de esa nación. El caso contra Balsac resolvió que los Estados Unidos podían privar de ciertos derechos constitucionales incluso a ciudadanos estadounidenses que residieran en territorios que fuesen propiedad de los Estados Unidos. Como Juana Díaz y Puerto Rico, al igual que Guantánamo, no son parte de los Estados Unidos, sino mera propiedad, el gobierno de ese país puede tratar a seres humanos que se encuentren en esos territorios de forma discriminatoria, sean o no ciudadanos estadounidenses. Juana Díaz tuvo en 1980 a sus “refugiados económicos” haitianos; Guantánamo tiene a sus “enemigos combatientes”.

Como resultado de su reto jurídico al sistema colonial, Jesús M. Balsac sufrió cárcel. A pesar de su sacrificio personal en contra del sistema colonial, su gesta se perdió en el olvido colectivo. Que yo conozca, ninguna calle o edificio en Puerto Rico ha perpetuado su memoria. Por el contrario, William H. Taft, arquitecto de la sentencia que condenó a la cárcel a Balsac, y al Pueblo de Puerto Rico a permanecer como colonia y propiedad de los Estados Unidos, es honrado con una calle que lleva su nombre en San Juan.

Perversa ironía histórica.

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