domingo, 24 de febrero de 2008

La Resolución 99 y el discrimen sexual

La Resolución Concurrente del Senado 99, conocida popular y simplemente como la “Resolución 99”, aspira a enmendar la Carta de Derechos de nuestra Constitución para añadirle un párrafo de dos oraciones. La primera dispondría que “El matrimonio es una institución civil, que se constituirá sólo por la unión legal entre un hombre y una mujer en conformidad con su sexo original de nacimiento”. La segunda oración decretaría que “Ninguna otra unión, independientemente de su nombre, denominación, lugar de procedencia, jurisdicción o similitud con el matrimonio, será reconocida o validada como un matrimonio”. Conforme a la Exposición de Motivos de esta legislación, la misma se justifica en cuanto “La familia, cimentada en la unión matrimonial monogámica entre el hombre y la mujer es un bien necesario e imprescindible, que tiene un valor intrínseco en derecho y justicia, a ser reconocido, protegido y promovido por el Estado para la prolongación responsable del género humano”.

Lo primero que llama la atención de ese lenguaje, es su carácter netamente excluyente. De convertirse algún día en parte de nuestra Carta de Derechos, significaría que el Estado puertorriqueño no reconocerá todas las uniones de pareja como matrimonios, sino que se tratará de una institución civil reservada para parejas heterosexuales, y sólo para aquellas que lo sean “de nacimiento”. Un repaso a la Historia reciente nos permitirá descubrir que este tipo de legislación no es el primer ejemplo del uso del Estado para imponer una política pública sobre quién se puede casar o no, y con quién.

En el verano de 1958, un hombre y una mujer del estado de Virginia, Estados Unidos, contrajeron matrimonio en el Distrito de Columbia. Tras regresar a su estado de origen, nada más y nada menos que un gran jurado constituido en Virginia ordenó el arresto de la pareja. En enero de 1959, ambos fueron condenados a un año de cárcel. El juez entonces les ofreció como opción al año de cárcel, que se marcharan de Virginia... por 25 años. ¿La razón para tanto ensañamiento contra unos recién casados? Él, Richard Loving, era blanco. Ella, Mildred Jeter, era “de color”.

Loving vs. Virginia, 388 US 1, decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1969, es considerado uno de los casos trascendentales dentro de la lucha por los derechos civiles que se libró en esa nación. El estado de Virginia, al igual que otros estados de la Unión, tenía en vigencia un estatuto de “Integridad Racial”, conforme al cual se punía como delito grave los matrimonios inter-raciales. El juez que condenó a esta pareja perpetuó, para la Historia, la justificación del estatuto que hacía ilegal la unión matrimonial entre razas: “Dios todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las ubicó en continentes separados. Si no hubiese sido por la interferencia con su designio, no existiría razón para esos matrimonios. El hecho de que Él separase las razas demuestra que Él no quería que se mezclasen”.

Desde la década de 1950, los Estados Unidos estaban pasando por el proceso de desmantelar el sistema de segregación racial que la doctrina judicial de “separados pero iguales” había consagrado. Ese viejo sistema de segregación racial se fundamentó en que el mismo “garantizaba” la “igualdad” de las razas. No obstante, en 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que la segregación racial en las escuelas del país creaba precisamente lo contrario: una inherente desigualdad. En esa oportunidad, el tribunal determinó que la segregación en efecto condenaba a la niñez negra estadounidense a una posición de inferioridad, a pesar de la proclamada “igualdad” de esa doctrina racista.

Al resolver el caso Loving quince años después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó la decisión del Tribunal Supremo del estado de Virginia. El foro estatal había sostenido la validez del estatuto de segregación racial en el matrimonio, aduciendo que era necesario para “preservar la integridad racial” de sus habitantes y prevenir “la corrupción de la sangre”. El Tribunal Supremo estadounidense reconoció la naturaleza racista del estatuto, afirmando que el matrimonio es “uno de los derechos civiles básicos del ser humano”.

La Constitución por la cual el Pueblo puertorriqueño ha regido sus asuntos internos desde 1952, ha sido desde sus orígenes objeto de alabanzas y reconocimientos por sus posiciones de avanzada. Su Carta de Derechos ha sido reconocida como una vanguardista, fruto de un cuidadoso proceso deliberativo presidido por algunas de las mentalidades más brillantes de la época. Llegar a ese estado de avanzada, sin embargo, no fue un camino sencillo.

Desde la formación de nuestro Pueblo, la sociedad ha tenido que lidiar con el problema del discrimen contra determinados grupos. En épocas no tan lejanas, nuestra sociedad sólo le reconocía el derecho al voto a los hombres que eran propietarios y sabían leer y escribir, negando así toda participación en el gobierno a los pobres, a los analfabetas, a las mujeres. La Resolución 99 procura ahora algo dar rango constitucional a una modalidad de discrimen, irónicamente, dentro de su propia Carta de Derechos. Los argumentos públicos que se esgrimen en su defensa, hacen eco de los que se usaron para defender la prohibición matrimonial racial. Su esencia es, por ende, anti-histórica y nociva.

De admitirse el discrimen sexual en nuestra Constitución, la Carta de Derechos habrá comenzado su transformación hacia otra cosa: una Carta de Exclusiones.

1 comentario:

Ivonne Acosta Lespier dijo...

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