lunes, 21 de julio de 2008

Boumediene versus Bush

En una columna de hace algún tiempo atrás (“Guantánamo y Juana Díaz son...”) discutí el caso de Balzac vs. Porto Rico, de 1922, mediante el cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz de su Juez Presidente William H. Taft, había decretado que Puerto Rico seguía siendo un “territorio no incorporado”, a pesar de la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917. Aludí además a un caso originado en las galeras presidiarias de Guantánamo en Cuba, donde un grupo de los llamados “enemigos combatientes” retaron en un tribunal federal la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para mantenerlos prisioneros indefinidamente.

Ese pleito fue decidido la semana pasada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su nombre le da título a esta columna. Mediante una sentencia dictada el 31 de enero de 2005, un tribunal federal había determinado que esos prisioneros poseían algunos derechos constitucionales pero otros no, basándose, en parte, en los Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1901 y 1922. El tribunal concluyó que los Casos Insulares mantenían su vigencia, Balzac vs. Porto Rico inclusive. Ahora, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha confirmado que los Casos Insulares en general, y Balzac vs. Porto Rico en particular, continúan vigentes. Ese resultado y las expresiones de algunos de los protagonistas de ese drama judicial, merecen especial atención.

Es interesante observar que los medios de prensa en los Estados Unidos han centrado su atención en que Boumediene vs. Bush se decidió mediante votación de 5 a 4, votando la mayoría de los jueces a favor de reconocerles algunos derechos constitucionales a los “enemigos combatientes”. La posición minoritaria sostuvo que no tenían tales derechos, argumentado que los Estados Unidos seguían “en guerra” contra el islamismo radical. Lo que pasó desapercibido para esos órganos de prensa, pero que por su importancia para nosotros debe ser objeto de conocimiento y discusión, es que los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que los Casos Insulares siguen siendo fuente de autoridad para decidir disputas jurídicas con consecuencias internacionales.

En la opinión mayoritaria, el juez Anthony Kennedy afirmó, citando el caso de Balzac que “el Tribunal usó los Casos Insulares para crear una doctrina que le permitiera usar sus poderes con moderación y donde fuese más necesario”. Aún más importante, el juez Kennedy afirmó que “esa doctrina centenaria [la de los Casos Insulares] es la que guía nuestro análisis en el caso ante nuestra consideración”. Por último, ese magistrado razonó que los Casos Insulares están fundados en “la noción de que asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos, y no por meros formalismos”. A mi modo de ver, la explicación, y la implicación, son claras: los Estados Unidos reiteran la validez de los Casos Insulares como un mecanismo que le permite a ese país justificar su política “extraterritorial” (entiéndase “fuera de los Estados Unidos”), con amplio margen discrecional (“consideraciones prácticas”) y para mantener el dominio colonial sobre Puerto Rico (“factores objetivos”).

La opinión más importante de los cuatro jueces disidentes, la del juez Scalia, también reconoce la vigencia de los Casos Insulares. En su opinión disidente, el juez Scalia afirmó igualmente que el caso Balzac vs. Porto Rico era aplicable, aunque de manera distinta a como propuso el juez Kennedy. Más allá de las consideraciones legalistas, la lección de Boumediene vs. Bush parece ser clara. No importa qué tan alejadas puedan estar las posiciones de los jueces y las partes litigantes sobre otros aspectos, parece existir unanimidad en que los Casos Insulares no han sido revocados por casos o legislación posterior. Siguen siendo ley.

Algo que la prensa de los Estados Unidos tampoco reportará, pero que igualmente nos concierne, es que en los alegatos de las partes ante el Tribunal Supremo también se citó a los Casos Insulares como fuente de autoridad. Uno de esos alegatos describe a Puerto Rico como una mera posesión bajo el control de los Estados Unidos, amparándose en el caso Balzac. Ese alegato es, nada más y nada menos, que el del Presidente George W. Bush. Por su parte, el alegato de los abogados de los “enemigos combatientes” cita al caso Balzac, para sostener que aún los extranjeros (“aliens”) tienen derechos constitucionales que deben respetarse bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Sumando lo anterior, encontramos la lección de Boumediene vs. Bush que como pueblo nos concierne. Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos están de acuerdo en la vigencia de los Casos Insulares. Al amparo de uno de esos casos, el de Balzac, el Presidente de los Estados Unidos afirmó ante el Tribunal Supremo, que ese país todavía mantiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. El Tribunal le dio la razón en cuanto a ese aspecto. Finalmente, los “enemigos combatientes” sostuvieron ser tan extranjeros como los puertorriqueños lo fueron en el caso Balzac, y que tal condición no impedía que se les reconocieran derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo les dio la razón.

Todos ellos, jueces y partes, de una o otra forma ganaron. Nosotros los puertorriqueños, de cualquier manera, perdimos.

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