lunes, 21 de julio de 2008

Entre las fauces de Cronos

El encauzamiento del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá por el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, es un hecho histórico de extraordinaria importancia. Tan importante, que no es necesario esperar años para aquilatarlo en la distancia. Para poder apreciarlo en toda su magnitud, debemos repasar eventos acontecidos en la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico durante los pasados 70 años.

El domingo 21 de marzo de 1937, tuvo lugar uno de los eventos más dramáticos, tristes, y olvidados, en la Historia de Puerto Rico: la Masacre de Ponce. Decenas de personas fallecieron, incluyendo una niña, a manos de la entonces llamada “Policía Insular”. La Masacre de Ponce, al igual que eventos similares anteriores y posteriores, marcó un hito en la relación entre nuestro País y los Estados Unidos: la creciente utilización de los recursos del gobierno de Puerto Rico para reprimir todo movimiento que, de la forma que fuese, representase un reto para el sistema colonial estadounidense. En efecto, se trata del régimen colonial sostenido y defendido por unos puertorriqueños contra otros puertorriqueños.

El ascenso al poder del Partido Popular Democrático a partir de 1940, significó grandes cambios en las condiciones de vida del Pueblo puertorriqueño. Cambios que, no hay por qué negar, fueron en ocasiones claramente positivos. No obstante, significó además que el Partido Popular asumía la función de garantizar “la ley y orden” en el sistema colonial que redundaría en la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.

En efecto, un vistazo al historial represivo contra el nacionalismo y el independentismo en Puerto Rico a partir de 1950, delata que el Partido Popular ejercía dicha función como parte de la encomienda impuesta por el poder estadounidense: el sostenimiento del régimen colonial. La supresión del Alzamiento Nacionalista de 1950 fue ejecutada por la llamada “Guardia Nacional” y la Policía puertorriqueñas contra sus propios compatriotas con fiera crueldad. Fue el gobierno del Partido Popular el que promulgó la infamemente conocida como “Ley de la Mordaza”, dirigida a castigar con cárcel toda manifestación de amor patrio, incluyendo, el despliegue de la bandera puertorriqueña.

El papel represivo del Partido Popular, primero contra el independentismo y luego contra el anexionismo, sirvió por ende para legitimar ante el mundo la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico, en la medida en que esa función del gobierno puertorriqueño relevaba a los Estados Unidos de tener que utilizar sus propias fuerzas para reprimir los movimientos anti-colonialistas. La represión violenta y la persecusión política adquirían así un cariz “local”. Esta colaboración de décadas se rompió de momento, al negarse el gobierno anexionista de Pedro Rosselló González a remover a los desobedientes civiles de Vieques, gesta que culminó con la salida de la Marina de Guerra y un proceso de acelerada desmilitarización de nuestro País. La vuelta al poder del Partido Popular marcó el retorno a la colaboración represiva, como lo atestigua la muerte de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005. Esta breve estela de eventos históricos es lo que hace tan extraordinaria la formulación de cargos criminales contra el Gobernador de Puerto Rico, y explica el título de esta columna.

Según la mitología de la antigua Grecia, Cronos era el monarca de los dioses, tras deponer a su padre el dios Urano. Ya reinando, Cronos se enteró de una profecía que afirmaba que un día él a su vez sería depuesto por uno de sus descendientes. Para evitar el cumplimiento de la profecía, Cronos recurrió a una medida radical: se comía a sus propios hijos.

Al igual que la deidad griega, los Estados Unidos han ido devorando, poco a poco y uno por uno, los pilares que la propia Superpotencia creó para el sostenimiento por más de un siglo de un régimen colonial sobre el Pueblo de Puerto Rico. La legislación federal popularmente conocida como la “936”; la relación de libre comercio exclusivo entre ambos países; la llamada “defensa común” con la cual se justificaba la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Todas han desaparecido o están en camino de hacerlo. Ahora le toca al Partido Popular.

La afirmación por el Gobernador de que los cargos criminales presentados por el gobierno de los Estados Unidos no van dirigidos contra él, sino contra el Pueblo de Puerto Rico, no es del todo exagerada. Esas acusaciones son una descarga mortífera contra la legitimidad del Estado Libre Asociado como régimen “autonómico”, y contra la agrupación política que prestó su colaboración al sostenimiento del régimen colonial al que, a su vez, debe su razón de ser. Acusar criminalmente al Gobernador y líder máximo del partido político que ha defendido por décadas al E.L.A., es desnudar al mismo de su ropaje mitológico del “pacto entre pueblos” que legitimó su existencia.

Como gobernador colonial de turno, a Aníbal Acevedo Vila le ha tocado expiar los excesos cometidos por décadas contra los opositores al gobierno colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Por esas llamadas vueltas de la vida, el perseguidor se ha convertido en perseguido.

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