lunes, 21 de julio de 2008

Ideología suprema (I)

Conforme se aproximan las Elecciones Generales, en los medios informativos se ha ido acrecentando una discusión pública en torno a la negativa de la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Nuevo Progresista, a considerar los nombramientos del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá para diversos cargos gubernamentales. Ningún ámbito, quizás, ha generado más controversia que las nominaciones para las plazas vacantes de jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Existen buenas razones para esta discusión en los medios informativos pues, en términos de la Rama Judicial, las elecciones de noviembre de este año pueden muy bien ser las más importantes en más de medio siglo, o sea, desde la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Es prudente y necesario que, como Pueblo, reconozcamos la importancia de lo que se avecina, pues se trata de un momento crítico en la cada vez más azaroza existencia del E.L.A. Para facilitar el análisis histórico de este trascendental asunto, es importante que repasemos nuestro esquema constitucional y su funcionamiento con el correr de los años.

El Artículo 5, Sección 3 de la Constitución del E.L.A., prescribe que nuestro Tribunal Supremo se componga de un total de 5 jueces. Esa misma sección, sin embargo, dispuso además que el número de jueces podría ser aumentado o disminuido solamente a solicitud del propio tribunal y en virtud de ley. Desde la creación del E.L.A. en 1952, el número original de la Constitución se aumentó a 9 jueces en 1961, y se redujo a 7 en 1975. Obviamente, uno puede discernir que el número de jueces variará dependiendo de la carga de trabajo que pese sobre el más alto foro judicial del País. Igualmente discernible es la razón que explica por qué el número de jueces siempre es impar (5, 7, 9): evitar, en la medida de lo posible, los empates. En otras palabras, el Tribunal Supremo está diseñado para que siempre exista la probabilidad de una mayoría, aunque sólo sea de un voto (4 a 3 en la actualidad).

Advertirá el lector que hago referencia a solamente una probabilidad de mayoría. Ello se debe a que la naturaleza del proceso interno del Tribunal Supremo no obliga a todos los jueces a participar en todas las decisiones que el foro toma, salvo circunstancias excepcionales. Uno o más jueces pueden, por ejemplo, abstenerse de intervenir en un caso en particular, dejando el camino libre para que la controversia se adjudique a base de los votos de los jueces que sí participan. Esta mecánica decisional no es exclusiva de Puerto Rico. Muchos tribunales supremos estatales de los Estados Unidos funcionan de manera similar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por ejemplo, se compone de 9 jueces. En el caso de este último tribunal, su composición por 9 jueces ha sido determinada por una ley del Congreso desde 1869, ya que la Constitución federal no lidió con ese asunto.

Volvamos ahora a Puerto Rico. Un repaso a su historia reciente ilustra que la ideología ha sido también un factor de mucha importancia, a la hora de seleccionar a los candidatos a ingresar a dicho foro. En los primeros 50 años de control por los Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico fueron nombrados directamente por el presidente estadounidense de turno, y en los primeros tiempos no todos los nombrados eran puertorriquenos, por cierto. Conforme relata el ex Juez Presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, los magistrados nombrados previo a la creación del E.L.A., especialmente en las primeras decadas del Siglo 20, compartían la creencia y aspiración de anexar al País a los Estados Unidos. No olvidemos que esa es la época, precisamente, en que tiene lugar el proceso de “americanización” al que nos hemos referido anteriormente. Son lo años en que el anexionismo controló nuestro Tribunal Supremo.

El ascenso a partir de la década de 1940 de Luis Muñoz Marín y el P.P.D., auguró cambios importantes en la composición del Tribunal Supremo, tal y como lo establece el Profesor Luis Rivera Rivera, en la reciente obra de su autoría sobre la historia del tribunal. Existiendo ya vacantes en el foro, Muñoz Marín recomendó que no se llenaran por el Presidente de los Estados Unidos con miras a, una vez convertido en Gobernador del E.L.A., poderlas llenar él. A partir de entonces y hasta finales de la década de 1960, el P.P.D. controló el nombramiento de los candidatos a jueces del Tribunal Supremo. Este dominio absoluto del gobierno le permitió al P.P.D., en ocasiones, el lujo de nombrar jueces que no necesariamente coincidían ideológicamente con el partido de gobierno, pero siempre en condición minoritaria. El resurgir electoral del anexionismo, a partir del nacimiento del poderoso Partido Nuevo Progresista a finales de la década de 1960, cambió dramáticamente este panorama en términos electorales, pero no necesariamente en términos judiciales, hasta ahora.

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