lunes, 21 de julio de 2008

Ideología suprema (II)

Es una regla no escrita la de que, para ocupar una plaza de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y aparte de los necesarios atributos tales como inteligencia, experiencia, temperamento y otros de índole similar, la ideología del candidato es de importancia similar. Por ideología, en términos simples, me refiero a que el candidato, o la candidata, debe coincidir en su forma de pensar con el poder nominador, sea de quien se trate el presidente o el gobernador de turno. Como hemos podido ver en años recientes, la ideología de los candidatos a llenar vacantes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha convertido en un asunto cardinal, en ocasiones decisivo, al punto de que puede opacar todos los demás atributos personales y profesionales para el puesto.

La diferencia estriba en que mientras en Estados Unidos el debate se da en términos de controversias sociales (los derechos reproductivos, la desegregación racial, libertad de expresión), en nuestros País se da más bien en torno a temas que atañen a nuestra relación con aquel país. Ello se debe a que, por nuestra relación con los Estados Unidos, su Tribunal Supremo es el que determina el mínimo de derechos que nos asisten bajo su Constitución. En otras palabras, ese foro tiene la última palabra en algunos aspectos que, de ser Puerto Rico un país independiente, sería nuestro Tribunal Supremo el que los resolvería.

Como vimos en la columna anterior, las Elecciones Generales de 1968 marcaron el principio del fin del control ininterrumpido por el Partido Popular Democrático de la gobernación y, por ende, del poder de nombramiento de los jueces al Tribunal Supremo. Claro está, una cosa es tener el poder de nominar un juez; otra muy distinta es que exista una vacante que justifique la nominación, y que se cuente con un Senado dispuesto a aprobar ese nombramiento (recordemos que el Senado tiene la facultad constitucional de aprobar o rechazar las nominaciones al Tribunal Supremo). Eso ha quedado evidenciado al observar que, no obstante la alternancia en la gobernación con el P.P.D., durante los últimos cuarenta años, las oportunidades del Partido Nuevo Progresista para colocar jueces simpatizantes con su ideología en el Tribunal Supremo, no han ido de la mano con su estadía en el poder. Un sencillo ejercicio aritmético nos permitirá visualizar mejor el panorama.

Durante su incumbencia y con el Senado controlado por el P.P.D., el Gobernador novoprogresista Luis A. Ferré Aguayo (1969-1972) nominó con éxito a 3 candidatos al Tribunal Supremo, incluyendo uno como Juez Presidente, pero 2 de esos 3 fueron vinculados ideológicamente al P.P.D. Por el contrario, en su primer término el Gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976) nominó exitosamente a 5 candidatos. En sus 8 años como Gobernador, los 4 últimos con un Senado controlado por el P.P.D., Carlos Romero Barceló (1977-1984) tan solo nominó con éxito a un candidato. En los 8 años siguientes, sin embargo, el nuevamente Gobernador Hernández Colón (1985-1992), nominó con éxito a 7 candidatos. El Gobernador Pedro Rosselló González (1993-2000), con 8 años de administración a su haber, pudo nominar exitosamente a 2 candidatos. La Gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004), con sólo 4 años de administración, logró nominar exitosamente a 4 candidatos, incluyendo 2 al puesto de Juez Presidente.

En los últimos 40 años de alternancia en el gobierno, el P.P.D. y el P.N.P. han controlado el poder ejecutivo nominador por 20 años cada uno. El P.P.D. ha logrado nominar con éxito en sus períodos en el poder durante esos años a 16 candidatos, incluyendo los últimos 5 jueces presidentes. En sus 20 años en el poder, el P.N.P. logró nominar con éxito a 6 candidatos, de los cuales al menos 2 no fueron vinculados ideológicamente a ese partido. Esto deja al P.N.P. con 4 jueces a su haber, ninguno de los cuales ha sido Juez Presidente.

Como resultado de todo lo anterior, el P.N.P., aun en sus momentos de mayor predominio, siempre ha estado representado minoritariamente en el Tribunal Supremo, en lo que a su ideología concierne. Ante ese cuadro, el P.N.P. optó por intentar el control ideológico del tribunal por otras vías. Bajo la administración de Romero Barceló, grupos de presión se apostaron frente al tribunal para intentar intimidar a los jueces con manifestaciones de hostilidad. El propio Gobernador llegó a catalogar de “barbaridad” una decisión del tribunal sobre un asunto de gran interés público.

El caso más claro para ilustrar la insatisfacción anexionista con la composición predominante en el Tribunal Supremo lo fue, sin embargo, el de Rosselló González. Recordemos que, emulando el famoso plan del Presidente Roosevelt para alterar la composición del Tribunal Supremo estadounidense en la década de 1930, Rosselló González promovió la celebración de un referéndum en 1994. El objetivo entonces fue enmendar la Constitución, para aumentar a 9 el número de plazas de jueces en el Tribunal Supremo, lo cual habría permitido al Gobernador nombrar suficientes jueces como para lograr una mayoría afín a sus ideales. Ese “court-packing plan” fracasó en las urnas.

En la parte final de esta serie, a publicarse el viernes próximo, utilizaremos estos datos del pasado, para evaluar la situación en el presente.

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