martes, 22 de julio de 2008

Ideología suprema (III)

Las Elecciones Generales de noviembre próximo no son solamente para decidir si será el Partido Popular Democrático o el Partido Nuevo Progresista el que gobernará a Puerto Rico durante los cuatro años siguientes. Esas elecciones decidirán también si será el estadolibrismo, o de lo contrario el anexionismo, el movimiento ideológico que controlará el voto mayoritario en nuestro Tribunal Supremo, durante los años por venir. Por ese solo hecho, estas elecciones son las más importantes desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.
La cómoda mayoría que por décadas disfrutó el estadolibrismo en el Tribunal Supremo, comenzó a erosionarse durante la administración de Pedro Rosselló González (1993-2000). Para entonces, y gracias a la aplastante cantidad de nominaciones exitosas que hiciera Rafael Hernández Colón (1985-1992), el estadolibrismo mantenía una cómoda mayoría de 6 a 1 en el tribunal, siendo la excepción el Juez Asociado Francisco Rebollo López, quien había sido nominado por el anexionista Carlos Romero Barceló (1977-1984). El retiro voluntario de los jueces asociados Rafael Alonso Alonso y Antonio Negrón García, permitió a Rosselló González nominar con éxito a Baltasar Corrada del Río y a Efraín Rivera Pérez. La mayoría estadolibrista ya no era tan cómoda.

Este tránsito del estadolibrismo al anexionismo en el Tribunal Supremo, se contuvo momentáneamente durante la administración de la estadolibrista Sila María Calderón Serra (2001-2004). La entonces Gobernadora nominó exitosamente a las jueces asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, amén de ascender consecutivamente a la presidencia del tribunal, a los jueces asociados Miriam Naveira Merly y Federico Hernández Denton. Sin embargo, el colapso de la administración de Calderón Serra, en unión al retorno de Rosselló González para competir por la gobernación en el año 2004, llevó al País a repetir la experiencia de 1980: la del “gobierno compartido” que dejó al “gobernador accidental” Aníbal Acevedo Vilá sin la mayoría necesaria en el Senado para llenar exitosamente las vacantes que surgirían en el tribunal. El PPD logró retener la gobernación en el 2004, pero las ventanas que históricamente le habían permitido nominar con éxito sus candidatos al Tribunal Supremo, se le estaban cerrando.
El primer indicio de la metamorfosis que en estos momentos vive nuestro Tribunal Supremo, se asoma tras el retiro forzado del Juez Asociado Corrada del Río en abril de 2005, al cumplir el límite de 70 años. En dicha ocasión, el Gobernador Acevedo Vilá declaró a la prensa que su sustituto debería poseer excelentes atributos académicos y judiciales; la más alta reputación profesional dentro de la comunidad legal; experiencia legal y administrativa; un temperamento judicial ideal y amplio apoyo entre la ciudadanía. Mas como todos sabemos, el Gobernador no anunció nominación alguna, a pesar de que el Tribunal Supremo enfrentaba el riesgo de empates en casos importantes; a pesar de que el Senado controlado por el PNP se encontraba sumido en pugnas internas de poder que permitieron a Acevedo Vilá nominar con éxito a diversos jefes de agencias; y a pesar de que ciertamente existen abogados en nuestro País que llenan a cabalidad los requisitos mencionados por el Gobernador.

El súbito e inesperado fallecimiento en diciembre de 2007 del Juez Asociado Jaime Fuster Berlingeri, nombrado por el Gobernador Hernández Colón, dejó al Tribunal Supremo con dos plazas vacantes. El retiro forzado en estos días del Juez Asociado Rebollo López al cumplir 70 años, ha creado la tercera vacante. En estos momentos, el máximo foro judicial del País está compuesto por cuatro jueces: tres de ideología estadolibrista y uno anexionista. Hay tres plazas vacantes y ni un solo candidato nominado para llenarlas. Haga usted el cálculo, y comprenderá que las elecciones venideras poseen una trascendencia singular.

Las citadas expresiones del Gobernador Acevedo Vilá de abril de 2005, en unión a la ausencia de nominados para tres plazas vacantes en el Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un elemento adicional que todo aspirante a dicho foro debe poseer, pero del cual nadie habla. Ese elemento, el de la ideología del candidato, es un tema del cual nuestra clase política prefiere no expresarse ante el País. Es un asunto tabú sobre el cual, salvo cándidos comentarios como los hechos en tiempos recientes por el Representante Jorge de Castro Font, no se habla. Pero no por omitirse deja de ser una realidad histórica que estamos viviendo, y que explica la anómala situación que vive la Rama Judicial.

La conciencia entre la clase política del País de que el anexionismo tiene ante sí la oportunidad histórica de controlar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, es la gran razón silente que explica la inercia por parte del PNP, y los esfuerzos constantes del PPD por mover la opinión pública en contra del compás de espera impuesto por el control anexionista del Senado. Es una etapa trascendental dentro de la vida del Estado Libre Asociado que nosotros como Pueblo, y más allá de la gobernación por 4 años, estaremos llamados a decidir en noviembre próximo.

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