domingo, 26 de octubre de 2008

“...in the nature of a compact...”

Conforme a la visión tradicional, la asociación del “estado libre” puertorriqueño a los Estados Unidos estaba definida por tres “pilares”, a saber: “defensa, ciudadanía y mercado común”. En tiempos recientes, sin embargo, la solidez de esos “pilares” ya no es tan cierta ni aceptada. En realidad, son otros tres los verdaderos pilares de la relación de nuestro País con los Estados Unidos, de los cuales dos ya fueron discutidos en columnas anteriores. Hoy veremos el tercero.

El primer pilar lo hincaron en terreno firme los representantes del Presidente de los Estados Unidos en 1899, con la incorporación de una oración en el artículo noveno del aún vigente Tratado de París con España. Según la misma, “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.

El segundo lo construyó el sistema judicial estadounidense por vía de los llamados “Casos Insulares” entre 1901 y 1922, al inventar el concepto de “territorio no incorporado”, diseñado específicamente para “definir” a Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Conforme a este segundo pilar, el territorio de nuestro País la pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de esa nación. Por motivo de la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense en cuanto a los llamados “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, sabemos que ese pilar también está sólido.

El tercero, eregido en 1950, es el objeto de esta columna, a la cual presta su título. De los tres verdaderos pilares, es quizás el menos conocido, y ciertamente el más perverso.

A raíz del triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dos fenómenos estrechamente entrelazados comenzaron a tomar forma a finales de la década de 1940. Por un lado, la llamada “Guerra Fría” que enfrentó a los Estados Unidos con la hoy extinta Unión Soviética. Por el otro, el proceso de descolonización mediante el cual las potencias coloniales, al menos en apariencia, comenzaron a desmantelar sus controles sobre los pueblos que tenían sometidos bajo su dominio. Ambas fuerzas influyeron sobre la creación de lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado. La primera, al acentuar el valor estratégico-militar del País. La otra, al crear la necesidad de “descolonizarnos”, debido a la embarazosa situación para los Estados Unidos de tener que rendir informes periódicos a la ONU sobre la situación colonial de Puerto Rico.

Este proceso histórico matizado por el acontecer mundial, culminó con la proclamación del ELA el 25 de julio de 1952. Esa fecha, que es objeto de anual conmemoración por más de una razón, no es quizás la más significativa en términos de nuestra presente condición de sumisión a los Estados Unidos. Esa distinción le cabría más bien al 3 de julio de 1950.

Ese día, el Presidente Harry S. Truman firmó la Ley 600, autorizando al Pueblo de Puerto Rico, “con el carácter de un convenio” (“in the nature of a compact”), a redactar su propia Constitución. La Ley 600, en contraste con su importancia histórica, es una pieza legislativa muy sencilla que consta apenas de 6 artículos de corta extensión. Conforme a la tradicional teoría estadolibrista, el llamado “pacto entre pueblos” que ha justificado la existencia del ELA, tuvo su génesis en esa pieza legislativa. Su lenguaje, y el historial legislativo que condujo a su aprobación por el Congreso, deja sin embargo pocas dudas en torno a quién retenía el poder.

En términos simples, la Ley 600 dispuso que Puerto Rico podría convocar una asamblea para redactar una constitución que debería tener una forma republicana de gobierno y una carta de derechos. Estableció además que esa constitución no podría ser contraria a la propia Ley 600 y a la Constitución de los Estados Unidos, y que la Ley Jones de 1917 permanecería vigente en sus partes más importantes, transformada en lo que hoy en día conocemos como la Ley de Relaciones Federales. Por ende, la Ley 600 le impuso condiciones a lo que los puertorriqueños podíamos hacer, al punto de que el Congreso eliminó de nuestra Constitución la sección 20 de nuestra Carta de Derechos.

En sus testimonios ante el Congreso a favor de la aprobación de la Ley 600, el liderato del PPD se encargó de disipar cualquier duda en cuanto a que dicho cuerpo legislativo retenía absoluta autoridad para modificar la relación entre ambos países “si los puertorriqueños se volviesen locos”, como afirmó ante el Congreso el propio Luis Muñoz Marín. Gracias a la colaboración del liderato del PPD, los Estados Unidos solicitaron exitosamente de la ONU el retiro de Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, por haber entrado en una relación “con el carácter de un convenio”.

Una cosa es un convenio; otra muy distinta es algo “con el carácter de un convenio”. Lo primero es un pacto real; lo segundo es algo que parece ser un pacto, porque lo imita, pero no lo es. Es la diferencia entre la sustancia y la forma; entre la realidad y la mera apariencia; entre la honestidad y la hipocresía. Contrario a los dos anteriores, se trata de un “pilar” en el cual colaboraron los Estados Unidos y el PPD, con plena conciencia de lo que hacían. En ello estriba su perversidad.

Es por eso mismo que resulta difícil aceptar que, a estas alturas de la Historia, el PPD reclame ante la ONU haber sido inducido a creer por los Estados Unidos que la relación entre ambos países sí cambió en 1952. Por más vehemencia con que se exprese, eso no pasa de ser una afirmación con el carácter de una verdad.

1 comentario:

CollazoUtuado dijo...

Saludos Francisco. Considero que tu comentario es muy atinado y pertinente, pero creo que estaría más completo si incluyeras como pilar de la colonia el mito del dólar como "moneda común".