jueves, 27 de noviembre de 2008

"La mordaza"

En nuestro acervo educativo, existen muchos buenos libros sobre la Historia de Puerto Rico. Hay dos, sin embargo, que poseen para mí un valor especial, por tratarse de textos que tuvieron el atrevimiento, por así decirlo, de “abrirle los ojos” a quienes los leen, al punto de uno pensar que el Puerto Rico en el que vivimos no es el que nosotros nos imaginábamos. Uno es “La isla desencantada” (“The Desenchanted Island”) de Ronald Fernández. El otro, es el que le da título a esta columna, de la historiadora Ivonne Acosta Lespier, mismo que acaba se salir este año en su quinta edición.

La obra de Acosta Lespier no es un libro de lectura liviana. Es una obra que formula un relato metódico, y hasta cierto punto doloroso, sobre cómo el “gobierno insular”, crecientemente controlado por el Partido Popular Democrático y en claro contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, aprobó legislación que convertía en delito el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación de todo aquél que abogara por la soberanía de Puerto Rico.

Hasta las elecciones de 1944, el partido político que representaba la independencia, electoralmente hablando, lo era el PPD. El Partido Independentista Puertorriqueño, nacido a raíz del decreto por Luis Muñoz Marín de que no se podía ser popular e independentista al mismo tiempo, se organizó con miras a competir en las elecciones de 1948; las primeras en que los puertorriqueños elegiríamos a nuestro propio gobernador.

El PIP de aquel entonces no es el que conocemos hoy en día. Se trataba de una organización política con amplia representación en la Asamblea Legislativa, en control de numerosas alcaldías, y contando con una amplia base electoral. Su mensaje era igualmente claro: liberación nacional mediante métodos pacíficos. Conforme a la tesis de Acosta Lespier, su potencial electoral fue visto con preocupación tanto por los Estados Unidos como por el PPD, por considerársele una seria amenaza al proyectado “pacto entre pueblos” que “con el carácter de un convenio” se fraguaba con miras a eliminar a Puerto Rico del listado de países todavía sometidos al coloniaje: el Estado Libre Asociado.

A esos fines, y durante la madrugada del 21 de mayo de 1948, la Asamblea Legislativa controlada por el PPD aprobó la legislación que de inmediato causó intimidación en todo aquél que albergara sentimientos independentistas. Aparte de que el propio lenguaje de la ley causaba ese efecto, el “gobierno insular” creó las condiciones para que la Policía y otros representantes de “la ley y el orden” comenzaran a recopilar “evidencia” contra los potenciales infractores de esa legislación.

Tradicionalmente, se ha teorizado que las leyes que componían “la mordaza”, bautizada así por el legislador anexionista Leopoldo Figueroa, llevaban por objetivo reprimir al Partido Nacionalista que dirigía Pedro Albizu Campos. El trabajo de Acosta Lespier reta esa noción, exponiendo convincentemente dos propósitos fundamentales detrás de “la mordaza”. El primero, en términos cronológicos, era acorralar al nacionalismo hasta llevarlo, como finalmente ocurrió, a la Insurrección de octubre de 1950 y la Demostración Armada en el Congreso, en 1954. El segundo, amedrentar, en un principio, a los seguidores del PIP y a sus potenciales simpatizantes con la mera existencia de la legislación, para luego, utilizando como excusa la violencia nacionalista, encarcelar además al liderato pipiolo e incluso a sus seguidores. El objetivo de la “la mordaza” era, pues, evidente: erosionar hasta la aniquilación al entonces naciente, poderoso y amenazante Partido Independentista Puertorriqueño que podía dar al traste con la creación del ELA en 1952.

En efecto, más que reprimir al nacionalismo, “la mordaza” habría tenido como designio primario intimidar al electorado soberanista del PPD que migraba masivamente o que amenazaba con hacerlo, hacia el PIP. Su objetivo a corto plazo habría sido crear las condiciones de tirantez social necesarias para provocar que los nacionalistas recurrieran al alzamiento armado, dado el convencimiento entre sus filas de que de todas formas, tarde o temprano, serían encarcelados por el “gobierno insular”. La lección fundamental que, pues, nos lega Acosta Lespier es una que, no por ser estremecedora, deja de ser cierta: bajo la sombra de la democracia estadounidense y durante el apogeo de la Guerra Fría, los administradores locales de uno de sus territorios no incorporados promovieron las condiciones jurídicas y sociales que propiciaron el alzamiento armado del ala revolucionaria del ideal soberanista en ese territorio, con las miras puestas a liquidar a la aún más amenazante pero pacifista ala de ese mismo ideal.

Las cicatrices que nos dejó “la mordaza”, aún hoy en día, son perceptibles. Si bien el auto-reconocimiento de Puerto Rico como una nación ha dado paso a gestos que, en tiempos de “la mordaza”, habrían sido considerados subversivos – tales como exhibir una bandera puertorriqueña – la llaga del miedo al ejercicio de la soberanía plena, todavía supura. Ello explica en última instancia el desastre electoral pipiolo del 4 de noviembre de 2008. Tal realidad histórica, sin embargo, no puede servir de excusa para justificar, elección tras elección desde hace 40 años, el lastimoso y tragicómico papel de un PIP que, en lugar de enfrentar como en antaño la colonia, se contenta con subsistir de ella.

1 comentario:

Ivonne Acosta Lespier dijo...

Francisco: Buscando otros artículos tuyos me encontré esta entrada que no había leido. Increíble que seas el primero que entiende mi tesis sobre la aprobación de la Ley 53. Todavía libros de texto como el de Scarano y otros siguen diciendo que fue para terminar con el Nacionalismo sin ver la importancia de las elecciones del 48. O no leyeron bien mi libro (el cual citan) o no quisieron ver la verdad. Creo que lo demuestro con pruebas, no fue invento.
Gracias por tu generosidad de siempre.