sábado, 20 de diciembre de 2008

Gelpí versus Taft

El 10 de noviembre de 2008, el juez federal Gustavo A. Gelpí emitió una decisión que requiere inmediata atención. Su emisión, a pocos días de producirse uno de los triunfos electorales más aplastantes del anexionismo boricua, no se antoja casual, ni tiene por qué serlo.

A lo largo de más de 110 años de coloniaje por los Estados Unidos, los sistemas judiciales existentes en nuestro País, tanto el propiamente puertorriqueño como el federal estadounidense, han servido de vehículos para formular mensajes que pretenden influir en la relación de sumisión colonial que vivimos frente a los Estados Unidos. La decisión que hoy discutimos no es, pues, la primera, ni probablemente sea la última, que veamos.

En términos sencillos, el juez Gelpí declaró a Puerto Rico como un territorio ya “incorporado” a los Estados Unidos. En su decisión de 30 páginas, el magistrado analizó la relación de dominio que los Estados Unidos creo sobre Puerto Rico, desde la invasión de 1898. Expuso que los Estados Unidos le dieron un trato distinto a Puerto Rico, en comparación con las Islas Filipinas, en las cuales nunca se creó un tribunal federal estadounidense, ya que estaban destinadas a la independencia, como eventualmente ocurrió.

Por el contrario, razonó el juez Gelpí, los Estados Unidos recrearon las instituciones de gobierno puertorriqueñas “a imagen y semejanza” de las de los estados federados, al punto que el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro País dejó de ser uno “temporal”. El juez citó diversos ejemplos sobre cómo la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos se ha ido “fortaleciendo”, incluyendo las muestras de “lealtad” de los boricuas, gesto que le ha ganado a varios hijos de este País la distinción de recibir nombramientos de alto nivel en el gobierno federal estadounidense.

En conclusión, expuso el magistrado, el racismo (así lo dice) que motivó los llamados Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del Siglo 20, y que culmina con Balzac vs. Porto Rico de 1922, ha cedido ante una “incorporación por evolución” de Puerto Rico a los Estados Unidos. Por ende, el juez rechaza que la situación actual del País sea comparable a la de Guantánamo en Cuba. A su vez, concluye que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Boumediene vs. Bush justifica su conclusión de que Puerto Rico está ya incorporado, aunque el Congreso no lo haya declarado expresamente.

Retrocedamos ahora 90 años. A raíz de la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, tanto el Tribunal federal en Puerto Rico como nuestro Tribunal Supremo, resolvieron que ese suceso en efecto había “incorporado” nuestro País a los Estados Unidos. Ambas decisiones fueron revocadas sumariamente por el Tribunal Supremo estadounidense, en 1918. Este escenario es el que da paso a que en 1922, el entonces Juez Presidente William H. Taft escriba la decisión unánime de Balzac vs. Porto Rico, declarando la muerte de la teoría de incorporación implícita que hoy resucita el juez Gelpí.

En Balzac, los abogados argumentaron exactamente la misma teoría de incorporación implícita, enumerando los numerosos estatutos legales hasta entonces aprobados por el Congreso en torno a Puerto Rico incluyendo, por supuesto, la ciudadanía estadounidense. Ayer, al igual que hoy, en Balzac se presentó también como argumento a favor de la incorporación, que el tribunal federal estadounidense en Puerto Rico era igual que el de los otros estados. Al rechazar esos argumentos, el Juez Presidente Taft sentó la pauta que hoy rige la relación colonial: la de que se requiere una manifestación expresa de parte del Congreso, para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Como ya discutimos en una columna previa con ese mismo nombre, en la decisión de Boumediene vs. Bush los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos coincidieron, 86 años después, en la vigencia del caso Balzac. Y lo hicieron, nuevamente, de manera unánime.

El ánimo racista de 1922 que el juez Gelpí correctamente identifica y denuncia, en el 2008 se ha transformado en la noción de que los “asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos”, según resuelto en Boumediene vs. Bush. Dicho de otra manera, el hecho de que el racismo no sea ya un factor predominante, no ha privado a la doctrina de los Casos Insulares de su valor medular: servir a los Estados Unidos de justificación jurídica para canalizar aquellos aspectos de su política exterior que pueda resultar repulsiva a la comunidad internacional, trátese del coloniaje, como es el caso de Puerto Rico, o de la violación de la integridad territorial de otros países soberanos, como es el caso de Guantánamo, Cuba. La palabra clave, por supuesto, es “extraterritorial”.

El voto solitario del juez Gelpí va en rumbo de colisión contra una doctrina sancionada por 18 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ha legitimado por más de un siglo la facultad de ese país para ejercer control colonial total e indefinido sobre nuestro Pueblo. Un control que, en palabras de uno de los jueces estadounidenses que participaron en los Casos Insulares, permite al Congreso mantener a Puerto Rico “como una sombra incorpórea, en un estado intermedio de existencia ambigua por un período indefinido; y aún más, que una vez sea rescatada de ese limbo, su destino quede sujeto a la absoluta voluntad del Congreso, en menosprecio de las disposiciones constitucionales”.

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