sábado, 17 de diciembre de 2011

Barbadoro en Puerto Rico

La decisión del juez estadounidense Paul Barbadoro de excluir a la prensa del proceso de selección del jurado que juzgará al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, no es una determinación inusual cuando de casos de amplio interés público se trata. Lo que no es tan común, son algunas de las expresiones del magistrado que han trascendido a la prensa como justificación para la exclusión en este histórico juicio.
En atinadas declaraciones para otro medio informativo, la historiadora Sylvia Árvarez Curbelo destacó la relevancia histórica que adornan las expresiones del juez Barbadoro, en torno al carácter “obsesivo” de la cobertura periodística boricua. Afirmó la historiadora que el magistrado ha tenido una experiencia de “otredad”, en el sentido de que aquél no esperaba encontrarse con una cultura tan distinta a la que él conoce, en este territorio estadounidense enclavado en el corazón del mar Caribe. Con ello en mente, retrocedamos ahora 110 años atrás.
A raíz de que los Estados Unidos adquirieron a Puerto Rico como “indemnización de guerra” en 1898, la nueva metrópoli instauró un gobierno militar que se encargó de desmantelar las instituciones de gobierno hasta entonces existentes bajo España. Pero además Puerto Rico, al igual que las Islas Filipinas y otras adquisiciones territoriales producto esa guerra, presentaba una situación peculiar para los Estados Unidos. Contrario a otras adquisiciones territoriales previas, la Isla de Puerto Rico se encontraba ya totalmente poblada al momento de la invasión estadounidense, y no precisamente por pobladores de ascendencia anglosajona que hablasen en inglés y fuesen de religión protestante.
Debido a esta inusual situación, el gobierno de los Estados Unidos requirió de diversos agentes que le “describieran” qué tipo de personas residían en lo que ya llamaban “the island of Porto Rico”. Entre las personas que le rindieron informes a la nueva metrópoli figuraron prominentemente el reverendo Henry K. Carroll, un distinguido dirigente de la Iglesia Episcopal Metodista designado directamente por el entonces presidente William McKinley; una llamada “Comisión Insular” de tres miembros nombrada por el Secretario de la Guerra (hoy en día Secretario de Defensa); y el brigadier general George W. Davis, último gobernador militar de Puerto Rico previo a la implantación de la Ley Orgánica Foraker de 1900.
En su informe, el reverendo Carroll le dedicó atención a las costumbres del pueblo. Informó sobre la popularidad de los bailes, las peleas de gallos, y los juegos de azar. Sobre la prensa puertorriqueña, afirmó que los periódicos respondían a los partidos políticos. Delató sutilmente la tendencia a la mezcla racial entre los puertorriqueños. Igualmente interesante resultó su descripción sobre los artesanos de la capital, organizados en gremios o uniones.
Con la mentalidad estadounidense propia de la época, Carol opinó que los puertorriqueños no estábamos preparados para gobernarnos a nosotros mismos. Afirmó que nosotros podríamos “carecer de la habilidad de gobernarse si se les deja a su solo albedrío, lo cual podrían lograr con facilidad bajo la vigorosa mano protectora del gobierno de los Estados Unidos”. Sentenció que los boricuas “aprenderán nuestros usos y costumbres, en tanto son mejores que los de ellos, a medida que aprendan nuestra lengua”.
En su informe al Secretario de la Guerra, la Comisión Insular tomó una postura similar a la del reverendo Carol. Acusó de corrupción y vagancia a los funcionarios puertorriqueños que aún quedaban del gobierno autonómico bajo España. La comisión sostuvo que “cambios radicales son necesarios para darle a los puertorriqueños la oportunidad de progresar bajo nuestros sistemas y leyes”. Advirtió además que nuestros parámetros de moralidad (“moral standard”) eran distintos a los de los estadounidenses, razón por la cual algunos tipos de conducta que para los recién llegados era delictiva, deberían ser tolerados.
La Comisión Insular recomendó cambiar todo el sistema de enseñanza al idioma inglés, aduciendo no “existir razón para intentar hacerles preservar el idioma español, especialmente cuando ellos se encuentran sumamente ansiosos por aprender a leer, escribir, y hablar el idioma inglés”.
Por su parte, el brigadier general Davis se expresó de forma despectiva sobre los puertorriqueños, afirmando que existía una “falta general de capacidad de la gran masa del pueblo para auto-gobernarse, y que desafortunadamente el número de los inteligentes, educados y responsables nativos posee un radio muy inferior al de los no educados e irresponsables”. A pesar de estar de acuerdo con la política de rápida americanización propuesta por Carol y la Comisión Insular, Davis no pudo evitar advertir a sus lectores sobre “el tenaz aferramiento de los puertorriqueños a sus usos y costumbres locales y sus leyes”.
El brigadier general advirtió además algo fundamental: que la existencia de más de un millón de habitantes hacía impracticable la política de ocupación territorial que los Estados Unidos habían llevado a cabo en otras épocas y lugares. “La isla está densamente poblada, viviendo más de 1,000,000 de personas aquí. Fue fácil ‘americanizar’ las escasamente pobladas regiones del Oeste, adquiridas mediante compra o conquista, porque allí la sociedad no estaba organizada y no existía una población civilizada para asimilar”, informó Davis.
El que más de un siglo después otro funcionario estadounidense demuestre perplejidad ante la idiosincrasia boricua, es el indicio más elocuente de nuestra “otredad”, aún latente tras décadas de forzada americanización y la estrechez de los lazos entre nuestro País y los Estados Unidos. Para el juez Barbadoro, al igual que más de un siglo antes para Carol, Davis y la Comisión Insular, los estadounidenses son una cosa y nosotros, los puertorriqueños, somos otra.

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