domingo, 25 de diciembre de 2011

De Hernández Agosto... a Rivera Schatz

Debido al decreto dictado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz expulsando a la prensa del hemiciclo senatorial, la primera precaria mayoría de jueces de ideología anexionista del Tribunal Supremo en 50 años se encuentra ante una de esas tempranas controversias que definirán su lugar en la Historia de Puerto Rico.
Un día 30 de agosto de 1984, tres senadores de minoría presentaron una demanda contra el presidente del cuerpo, el presidente de la Comisión de lo Jurídico senatorial y dos funcionarios senatoriales. En aquellos días Puerto Rico vivía una experiencia de gobierno compartido. El Partido Nuevo Progresista de Carlos Romero Barceló controlaba la gobernación y la comisaría en Washington. El Partido Popular Democrático tenía el control de la Asamblea Legislativa, con Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado. La agenda política estaba permeada por el explosivo asunto de los asesinatos de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla.
Contando con una amplia mayoría de ideología estadolibrista encabezada por el juez presidente José Trías Monge, el Tribunal Supremo de la década de 1980 reconoció mediante una serie de importantes decisiones a la Asamblea Legislativa la facultad de efectuar sus propias investigaciones, incluso contra el Poder Ejecutivo. Al momento de presentarse la demanda de 30 de agosto de 1984, el PNP bajo Romero Barceló se encaminaba a una derrota electoral que permitió al PPD acaparar el control de las tres ramas de gobierno, como en los tiempos de Luis Muñoz Marín. Aunque no era gobernador, Hernández Agosto era el líder senatorial más poderoso desde los tiempos en el Senado de Rafael Martínez Nadal y el propio Muñoz Marín.
La demanda de los senadores minoritarios del PNP siguió su camino al Tribunal Supremo. La controversia ante ese foro se centró en una regla de la Comisión de lo Jurídico que facultaba a su presidente a escuchar y evaluar testimonios relativos a lo ocurrido en el Cerro Maravilla, sin la presencia de los senadores del PNP que eran miembros de esa comisión. En diciembre de 1986, nuestro máximo foro emitió lo que probablemente sea, en términos históricos y jurídicos, la decisión más importante de los pasados 30 años: Silva vs. Hernández Agosto.
El Tribunal Supremo decidió en Silva vs. Hernández Agosto que la regla de exclusión era inconstitucional, señalando que “es doctrina firmemente establecida que al ejercer su función de reglamentar, la Asamblea Legislativa y las comisiones no pueden obviar e ignorar las limitaciones constitucionales”. Al rechazar los argumentos del Senado que imputaban intromisión de la Rama Judicial en asuntos legislativos, el tribunal unánimemente afirmó que “determinar las normas constitucionales mínimas que deben regir el funcionamiento de las comisiones no constituye una indebida intromisión en los trabajos de la Rama Legislativa. Los senadores de la minoría han acudido a los tribunales para que resolvamos este problema. La determinación final de esta controversia es un asunto para el cual los tribunales estamos preparados y tenemos la experiencia y autoridad constitucional para tomar una decisión que responda a las circunstancias históricas de nuestro país”.
En efecto, un Tribunal Supremo de absoluta mayoría estadolibrista le puso finalmente un alto a un curso de conducta legislativa que trascendió los linderos de lo aceptable para convertirse en un claro abuso de poder por el que el poder detentaba, en tanto se privaba a los electores representados por los senadores de minoría de la facultad de presenciar y fiscalizar los asuntos públicos. No obstante la claridad y justeza del resultado, el tribunal no pudo escapar a los ataques políticos y represalias del muy “democrático” PPD. Se le imputó a los jueces supremos haberse inmiscuido indebidamente en los asuntos legislativos (una imputación de discrimen político por parte del tribunal, obviamente, no hubiese resultado creíble en aquel momento). La Asamblea Legislativa atentó incluso contra el presupuesto de la Rama Judicial, a manera de castigo por poner coto al atropello del Senado contra sus propios miembros.
Ahora y en un giro irónico, una mayoría anexionista debe pasar juicio sobre las acciones del actual presidente senatorial Rivera Schatz, el líder legislativo más poderoso desde los tiempos de, precisamente, Hernández Agosto. Los estilos de ambos líderes no podrán ser más distintos, pero su objetivo es el mismo. En esta ocasión, la controversia medular ante el tribunal es nuevamente la facultad y función de nuestra Rama Judicial de contener y repeler los desmanes de los otros dos poderes gubernamentales, en tanto dichos exabruptos laceran el principio constitucional fundamental de participación y fiscalización ciudadanasobre los asuntos de gobierno.
Al momento de redactar estas líneas, el asunto está pendiente de adjudicación. De la plantilla de jueces que decidió a Silva vs. Hernández Agosto, sólo queda quien precisamente fuese el juez ponente, el hoy juez presidente Federico Hernández Denton. Ahora le corresponde defender su histórico dictamen. En pleno ocaso de la hegemonía estadolibrista sobre el Tribunal Supremo, cae ahora en los hombros de un anexionismo que apenas comienza a flexionar sus músculos de mayoría, la tarea de validar o desvirtuar el legado de Silva vs. Hernández Agosto. Los abusos de poder, arropados con excusas baladíes o no, deben ser rechazados sin distinción alguna, por lo que ya es nuevamente hora de “tomar una decisión que responda a las circunstancias históricas de nuestro país”.

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