domingo, 18 de diciembre de 2011

El fantasma de Castro García

En una serie de columnas publicadas antes de las elecciones generales de 2008, anticipamos la importancia histórica de las mismas, en vista de que el previsible triunfo anexionista presagiaba un nuevo balance de fuerzas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Es hora de auscultar las posibilidades.
Las columnas en cuestión (“Ideología suprema”, partes I, II y III) procuraron explicar cómo la llegada al poder del Partido Popular Democrático de Luis Muñoz Marín en la década de 1940 significó el control del máximo foro judicial por simpatizantes de un Estado Libre Asociado que estaba aún por nacer.  Ese dominio ininterrumpido por casi siete décadas le permitió al entonces todopoderoso PPD contar con un endoso judicial de sus políticas como administrador colonial.  Repasemos este historial muy brevemente.
El carácter colonial del ELA custodiado por el PPD muñocista no estuvo huérfano de elementos positivos para la empobrecida sociedad agraria boricua de la primera mitad del siglo 20.  Ello se reflejó por igual en el papel desempeñado por el Tribunal Supremo de entonces.  Ya para el año 1934, Muñoz Marín sostenía que era necesaria la aplicación estricta de la llamada “Ley de los 500 acres” para frenar y revertir el acaparamiento de terrenos agrícolas por las grandes centrales azucareras de la época.  La nueva mayoría estadolibrista en el Tribunal Supremo jugó, en casos como el de “El Pueblo de Puerto Rico vs. Rubert Hermanos, Inc.” de 1938, la función fundamental de, al igual que en su momento hizo la Corona española con los grandes hatos ganaderos, decretar la demolición de las centrales al obligarlas a prescindir del terreno acaparado.
En el año 1963, el Tribunal Supremo emitió lo que para muchos abogados continúa siendo la decisión más importante en la Historia de ese foro.  En “Ocasio vs. Díaz” se eliminó la distinción entre los entonces llamados “hijos legítimos” e “hijos naturales”, dando así validez a la protección constitucional contra el discrimen por nacimiento.  En 1978, el Tribunal Supremo adoptó la causal de consentimiento mutuo para humanizar los procedimientos de divorcio en la igualmente trascendental decisión de “Figueroa Ferrer vs. ELA”.  En apenas quince años y ante la inacción legislativa, fue el Tribunal Supremo quien transportó la sociedad puertorriqueña del siglo 19 al 20.
Ese mismo foro, sin embargo, ha desempeñado un papel menos afortunado: el de ofrecer legitimidad jurídica al ELA a lo largo de su existencia.  La mayoría que hasta tiempos recientes era favorecedora al ELA, nos deja en el ocaso de su existencia una secuela de decisiones que fueron reforzando la legitimidad de la relación colonial con los Estados Unidos.  En otra serie de columnas (“Recomposición colonial y la lucha por los símbolos”), discutimos precisamente cómo el ELA ha procurado evolucionar superficialmente con el transcurso de los años para presentarse como “lo mejor de dos mundos”, al mismo tiempo que deja intocada la esencia de la relación colonial.
En “Ramírez de Ferrer vs. Mari Bras”, decidido en 1997, el Tribunal Supremo descartó la propuesta de que la ciudadanía puertorriqueña surgía del hecho de ser Puerto Rico una nación (sólo uno de los magistrados, el hoy Juez Presidente Federico Hernández Denton, endosó esa posición).  En su lugar, el Alto Foro decidió que el ELA era lo que originaba esa ciudadanía.  De esa manera, el ELA se re-acomodó a las circunstancias entonces imperantes que le permitían representarse como una república soberana que comenzó bajo el PPD a emitir “certificados de ciudadanía puertorriqueña”, pero dejando incólume la situación de sumisión ante los Estados Unidos.
Nueve años antes de decidir el caso de Mari Bras, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dio paso a la decisión que da título a esta columna.  En “El Pueblo de Puerto Rico vs. Castro García”, de 1988, el Alto Foro tuvo ante sí un planteamiento de “doble exposición”, en la que el acusado sostenía que él no podía ser procesado en los tribunales puertorriqueños por el mismo delito por el cual ya lo había sido en el tribunal federal estadounidense, toda vez que Puerto Rico no poseía una soberanía aparte de la de los Estados Unidos.  En dicha oportunidad, el Tribunal Supremo razonó “que el status actual es el producto bilateral de un proceso que goza de la naturaleza de un convenio entre dos entes gubernamentales”.  En efecto, nuestro máximo foro judicial se abrazó en esa histórica oportunidad a la noción de que “gozar de la naturaleza de un convenio” era lo mismo que un convenio, yendo así contra la corriente virtualmente unánime en la historiografía que demuestra exactamente lo contrario, como hemos discutido en una columna anterior (“In the nature of a compact”).
El fantasma de lo resuelto en el caso de Castro García ronda así nuestra jurisprudencia como máxima expresión de endoso judicial a la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos.  En la solitaria opinión disidente que emitiera el entonces Juez Asociado Francisco Rebollo López (único representante del anexionismo en el tribunal de aquellos tiempos), éste recordó las expresiones de Muñoz Marín durante las vistas públicas ante el Congreso de los Estados Unidos, cuando se consideraba lo que sería la futura Ley 600 que daría a su vez nacimiento al ELA: “ustedes saben, por supuesto, que si el Pueblo de Puerto Rico se volviera loco, el Congreso siempre puede regresar para legislar de nuevo”.
Con el anexionismo nuevamente en control del Tribunal Supremo, quedará por ver qué papel jugará ante un ELA cada vez más agotado.

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