domingo, 25 de diciembre de 2011

Entre Escila y Caribdis

En la Odisea, el poeta griego Homero narra que encontrándose el héroe Odiseo (conocido en la mitología romana como Ulises) de regreso a Grecia en su barco tras la guerra contra Troya, ordenó a su tripulación atracar en la isla de Eea. Allí, la diosa Circe le advirtió sobre los peligros que enfrentaría, incluyendo el paso por un estrecho en cuyos extremos moraban las mortíferas bestias Escila y Caribdis. Para sobrevivir el paso entre los monstruos, Odiseo tendría que tomar una decisión. Otro tanto tendrá que hacer Jorge de Castro Font.
Apenas cuatro meses antes de las elecciones generales de 1980, el Secretario de Hacienda le notificó al contribuyente Rafael Hernández Colón una serie de deficiencias contributivas. Hernández Colón impugnó la investigación y el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, donde el contribuyente reclamó ser sujeto de persecución política, cortesía de su archirrival, el gobernador Carlos Romero Barceló. Aunque el tribunal resolvió el asunto a base de argumentos contributivos, los jueces asociados Antonio Negrón García y Francisco Rebollo López lanzaron una voz de alerta en la que el primero afirmó que “[h]asta ese momento ningún otro candidato a gobernador había sido sometido a ninguna o semejante investigación contributiva”. Cinco años más tarde y en ocasión de que el gobierno de Hernández Colón procesara a Luis Lausell Hernández – candidato a gobernador por el Partido Socialista Puertorriqueño en esas mismas elecciones de 1980 – por actos de desobediencia civil, el juez asociado Rebollo López volvió a alertar que ello constituía “una acción selectiva y discriminatoria, motivada por cuestiones políticas”.
En 1989, el gobierno del Partido Popular Democrático inició un procesamiento criminal contra el senador Roberto Rexach Benítez, del opositor Partido Nuevo Progresista. Ante planteamientos de procesamiento selectivo que fueron desestimados por el Tribunal Supremo, los jueces asociados Negrón García y Rebollo López volvieron a disentir, denunciando este último “la cruda e inconstitucional utilización, por parte del gobierno de turno en un momento determinado de nuestra historia, del procedimiento criminal vigente en nuestra jurisdicción con el ilegal propósito de perseguir a un adversario político”. A finales de abril de 1996, y a meras horas de comenzar un debate que eventualmente redundó en su expulsión del Senado, el entonces senador novoprogresista Nicolás Nogueras Cartagena fue sujeto de un arresto en los alrededores de su propia residencia y ante las cámaras de televisión, por agentes del gobierno estadounidense. El espectacular despliegue de fuerza surtió el efecto de propinarle un golpe mortal a la carrera política de Nogueras Cartagena. Al día siguiente y a pesar de horas de debate legislativo durante las cuales el aún senador luchó contra lo inevitable, Nogueras Cartagena finalmente sucumbió ante lo que el entonces juez asociado del Tribunal Supremo, Jaime B. Fuster Belingeri, llamó “un ominoso e ilegal abuso de poder”.
El procesamiento selectivo es uno de los fenómenos más perniciosos de nuestro sistema colonial de gobierno. El mismo parte del principio de que todos los seres humanos – pero muy especialmente los que se involucran en las luchas políticas – se colocan en posiciones vulnerables que los sujetan – dadas las circunstancias apropiadas – a ser en su día procesados por una maquinaria del Estado en manos de sus adversarios ideológicos. Los fiscales de los Departamentos de Justicia de los Estados Unidos y de Puerto Rico, al igual que otros funcionarios públicos, poseen la facultad de investigar y acusar conforme a normas de discreción y objetividad que no siempre son fielmente seguidas. Únase a ello que, como regla general, los acusadores gozan de inmunidad contra acciones legales por el ejercicio de sus funciones, y tiene usted un tentador y mortífero mecanismo para el más sórdido ejercicio del poder.
A causa del anómalo período de gobierno compartido que vivimos entre 2005 y 2008, Jorge de Castro Font se encumbró en una posición privilegiada de arbitraje entre el debilitado PPD de Aníbal Acevedo Vilá y el malamente fragmentado PNP de Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset. Adquirió información y poder a borbotones, al igual que formidables enemigos que propiciaron su caída en octubre de 2008 mediante – !sorpresa! – decenas de acusaciones promovidas por la fiscalía estadounidense. Su aceptación de culpabilidad en enero 2009 – unido al hecho cierto de que posee información comprometedora que puede servirle para aminorar sus penas a nivel estadounidense – trajo sin duda otro desarrollo “sorprendente”: una lluvia de acusaciones promovidas por la fiscalía criolla.
Consciente de que pasar cerca del torbellino que provocaba la temible Caribdis significaría la destrucción de su barco y la muerte de todos abordo, Odiseo tomó la dolorosa decisión de sacrificar parte de su tripulación a las fauces de las seis cabezas de Escila. Sin ser un héroe, De Castro Font enfrenta una prueba similar entre dos bestias que amenazan con devorarlo por lo que diga, o deje de decir.

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