domingo, 18 de diciembre de 2011

La demolición de los hatos, y el Colegio de Abogados

La conversión en ley esta semana del proyecto legislativo que elimina la obligación de formar parte del Colegio de Abogados para el ejercicio de esa profesión, me obliga como abogado e historiador a formular unas expresiones al respecto.  Para ello, les invito a rememorar el Puerto Rico de los primeros siglos de colonización española.
Desde sus inicios, el establecimiento y control del imperio hispánico sobre lo que se conoció originalmente como la Isla de San Juan Bautista, fue uno azaroso.  La escaza migración de colonos, en unión al rápido declinar de la población taína y el agotamiento de los magros yacimientos de oro, fueron factores que colocaron a Puerto Rico en una precaria situación económica que, en cierta forma, vivimos aun hoy en día.
La poca población, en unión a la abundancia de tierras sin cultivar, dieron paso al acaparamiento de grandes extensiones de terreno en muy pocas manos, para la crianza y alimentación de ganado.  Mientras la isleta de San Juan se amurallaba, en el resto del País se desarrolló el fenómeno económico de la formación de los grandes hatos ganaderos.  El tamaño, número e influencia social de los acaparamientos de tierras fue tal, que historiadores tales como Rafael A. Torrech San Inocencio teorizan que muchos de nuestros barrios rurales derivan su identidad de esos hatos de antaño.
A finales del Siglo 18 y principios del 19, y como antesala a la promulgación de la Real Cédula de Gracias de 1815, la Corona española implantó una política dirigida a aumentar la productividad agrícola de Puerto Rico, mediante el mecanismo de la división forzosa de tierras anteriormente ganaderas y su repartición a pequeños y medianos agricultores.  Esto es lo que en nuestra Historia se conoce como la demolición de los hatos, que no es otra cosa que la transformación de nuestra economía mediante la sustitución del antiguo mecanismo de productividad por uno considerado más eficiente.  Un fenómeno económico similar más reciente lo fue la eliminación durante el Siglo 20 de los grandes ingenios azucareros que dio paso a la repartición de parcelas y al fenómeno del urbanismo en nuestro País.
La palabra “demolición”, por ende, no se refiere únicamente en nuestra Historia a connotaciones de más reciente cuño, como lo es el derrumbamiento de edificios y estructuras físicas en general.  El vocablo responde igualmente a la descripción de un proceso de desmantelamiento paulatino de instituciones y sistemas que otrora ejercieron gran control e influencia en nuestra formación nacional.  Ahora le toca el turno al Colegio de Abogados.
El resurgimiento del anexionismo como fuerza política a finales de la década de 1960 y la tradicional identificación del Colegio de Abogados con la independencia nacional, dio paso a décadas de roces y confrontaciones de las cuales la nueva ley no es sino la muestra más reciente.  Aun cuando pudiera entenderse la frustración histórica del anexionismo con respecto al Colegio de Abogados, el intento de demolición que la nueva ley supone es, sin embargo, un proceder ominoso.  La diferencia fundamental entre las demoliciones de siglos pasados y la que ahora nos toca presenciar, estriba en que aquéllas respondieron a necesidades económicas propias de las épocas en que acontecieron, mientras que la actual se enraíza en fundamentos estrictamente ideológicos.
En el año 1982 el Tribunal Supremo decidió el caso de Colegio de Abogados vs. Schneider, mediante el cual se procuró conciliar precisamente la existencia del principio de colegiación compulsoria, con las comprensibles objeciones del anexionismo de tener que sustentar con sus cuotas expresiones institucionales contrarias a su ideología.  No fue casualidad que el autor de la opinión en dicho caso lo fuese el entonces Juez Presidente, José Trías Monge.  En dicha oportunidad, Trías Monge hizo hincapié en las razones históricas que explican el surgimiento de ese gremio profesional que conocemos como Colegio de Abogados, y que además motivaron el establecimiento del mecanismo de colegiación compulsoria.  En cuanto a esto, el ilustrado magistrado señaló en la citada decisión lo siguiente:
‘Instituciones como el Colegio de Abogados --y la Asamblea Legislativa ha extendido la afiliación obligatoria a muchos otros grupos-- cumplen una función muy especial en nuestra sociedad.  A distinción del carácter vigorosamente pluralista de la sociedad norteamericana, la nuestra ha sido tradicionalmente una sociedad de orden monolítico, sin la abundancia de voces independientes que tanto aportan a la salud del modo democrático de vida.’
Conforme señala Trías Monge, el principio de colegiación compulsoria que se reestableció por ley en 1932 (y que existía desde tiempos de España hasta su derogación por el gobernador militar John R. Brooke en 1898), dependió para su vigencia del voto mayoritario de los abogados convocados a tales fines en un referéndum.  Al promulgar un estatuto que no contempló auscultar el parecer de los abogados mediante un mecanismo similar, la pretendida demolición del Colegio de Abogados de Puerto Rico sienta, pues, un precedente histórico innecesario y, además, preocupante.  La demolición no puede ser el modelo a seguir por la presente y futuras administraciones de gobierno para enfrentar instituciones tradicional e históricamente disidentes del partido oficialista de turno.
Por eso, y aunque en muchas ocasiones no comparto las posturas adoptadas por esa institución histórica cuya sede ubica en el barrio capitolino de Miramar, el suscribiente continuará pagando su cuota a la misma, pues resulta necesario distinguir entre aquellas instituciones de carácter económico cuya demolición se justifica en virtud de los tiempos cambiantes, de las que no lo son y sirven de vehículos para la expresión.  El Colegio de Abogados no es un hato.

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