domingo, 25 de diciembre de 2011

La excusa más antigua

La polémica desatada por la solicitud de cuatro jueces del Tribunal Supremo para ampliar la plantilla de magistrados de 7 a 9 se ha apoderado del debate público, y por muy buenas razones. Como apuntáramos durante julio de 2008 en “Ideología suprema” I, II y III, la consecuencia más fundamental que se derivaría de las elecciones generales de 2008 lo era el control de la Rama Judicial puertorriqueña por el anexionismo tras medio siglo de preponderancia estadolibrista.
Como discutiéramos en la citada trilogía de columnas, desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952 el Partido Popular Democrático, como promotor criollo del régimen colonial, se las arregló por décadas para conservar una mayoría aplastante de jueces en el Tribunal Supremo, ya estuviese compuesto por 5, por 7 o por 9 magistrados. La debacle electoral del 2004 – que puso fin al ciclo electoral de 8 años de poder absoluto bipartito – privó al PPD del control del Senado, pieza fundamental en el proceso de confirmación de los jueces supremos que le habría permitido renovar la plantilla del tribunal. A partir de las cruciales elecciones de 1976, el Partido Nuevo Progresista comenzó a tocar a las puertas judiciales, reclamando una participación acorde con su condición de “igual” versus el PPD. Con Carlos Romero Barceló en La Fortaleza (1977-1984) y la usual mayoría estadolibrista en el tribunal, el PNP utilizó el mecanismo de las manifestaciones públicas de protesta para intentar presionar a los magistrados.
La vuelta al poder absoluto del PPD bajo Rafael Hernández Colón (1985-1992), permitió al estadolibrismo resuplir su plantilla en el Tribunal Supremo con 6 nuevos jueces, incluyendo dos jueces presidentes. No conforme, el PPD de Hernández Colón hizo algo más: imponerle virtualmente “a la trágala” a nuestro sistema judicial un tribunal apelativo intermedio compuesto por 15 jueces, bajo la excusa de la congestión de trabajo en los tribunales Aunque por años se había discutido la posibilidad de crear ese tribunal intermedio, su imposición al sistema judicial ya al final del mandato de Hernández Colón fue objeto de críticas públicas incluso por parte del entonces Juez Presidente Víctor Pons Núñez, pues resultaba evidente que la movida respondía sobre todo a los designios políticos del gobernador saliente y en consecuente detrimento de la autoridad de Pons Núñez. Fueron esos los vientos que dieron paso a posteriores tempestades.
El retorno al poder del PNP bajo Pedro Rosselló González (1993-2000), escaló la lucha por el control ideológico de nuestra judicatura. El Tribunal de Apelaciones creado bajo Hernández Colón fue abolido para dar paso a un Tribunal de Circuito de Apelaciones que duplicó su plantilla de jueces a alrededor de 30. Una intentona novoprogresista por enmendar la Constitución para aumentar a 9 el número de jueces en el Tribunal Supremo no rindió frutos, sin embargo. La vuelta al poder del PPD bajo Sila Calderón Serra (2001-2004), le dio una oportunidad al estadolibrismo para intentar consolidar su control ideológico sobre el Tribunal Supremo, misión que quedó inconclusa ante el colapso electoral de 2004 que apenas dejó al PPD con el control del Poder Ejecutivo bajo el “gobernador accidental” Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008). Las veleidades electorales le dieron así al PNP una oportunidad dorada de meramente “congelar la bola” durante el mandato de Acevedo Vilá, a pesar de vacantes de hasta 3 jueces en el Tribunal Supremo, a la espera de las importantes elecciones generales del 2008.
No obstante su expedito proceder para llenar 4 vacantes en el Tribunal Supremo, las aludidas veleidades presagian una potencial hecatombe electoral para el PNP del gobernador Luis Fortuño Burset, conforme adelantáramos en “2012”. Es esa incertidumbre lo que hace imperativo para el oficialista PNP asegurar su mayoría en el Tribunal Supremo mediante el aumento a 9 jueces, en lo que viene a ser una medida preventiva contra lo que el PPD sería igualmente capaz de hacer de capturar la gobernación y el Senado en el 2012. Es esa escasa mayoría de un voto lo que hace a ambos partidos soñar con el número 9 como cifra mágica, sin arriesgar demasiado el rechazo de la opinión pública.
Si algo demuestra la resolución de los 4 magistrados anexionistas y las opiniones disidentes de los 3 estadolibristas, es que la cláusula constitucional que rige la facultad del Tribunal Supremo de solicitar a la Asamblea Legislativa el aumento o disminución del número de jueces de ese foro es relativamente ambigua, y que el historial de la Asamblea Constituyente arroja escasa luz sobre su significado. Ello no obstante y en ausencia de orientación al respecto, la expresión “a solicitud del propio Tribunal Supremo” de la aludida cláusula parecería sugerir una petición de manera unánime. Pero las luchas de poder rara vez se rigen por el sentido común, siendo éste sustituido por argumentos menos plausibles, mas no exentos por ello de razón, y que permitan justificar el fin perseguido.
Por eso, la mayoría anexionista utiliza su condición como tal para fundamentar su solicitud de aumento para que, de triunfar el PPD en el 2012, se coarte la posibilidad de una solicitud del Juez Presidente, como administrador de la Rama Judicial, en el sentido de que el Tribunal Supremo necesita entonces el aumento a 9 jueces. Y es esa lucha ideológica que alimenta la constante burocratización de nuestra judicatura lo que realmente yace bajo el fundamento de reducir la congestión del trabajo judicial: la excusa más antigua.

No hay comentarios: