domingo, 25 de diciembre de 2011

La primera crisis colonial: la huelga legislativa de 1909

Rosendo Matienzo Cintrón
En el principio, fue el anexionismo, o al menos la visión que los líderes boricuas albergaban de lo que significaba ser un estado dentro de la Federación norteamericana. Rememoremos los eventos, y algunos de los protagonistas, de la llamada huelga legislativa de 1909.
A raíz del cambio de soberanía de 1898, las facciones políticas autonomistas de tiempos de España que como bandos rivales encabezaban Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa dieron paso, respectivamente, al surgimiento de los partidos Federal y Republicano. Ambas agrupaciones favorecían la eventual anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Ya para 1904, nuestros líderes de aquella época entendieron que las promesas divulgadas por el general estadounidense Nelson A. Miles se habían hecho sal y agua.
Fue entonces evidente que la Ley Orgánica Foraker de 1900 no era sino un mecanismo de administración colonial que concentraba la inmensa mayoría del poder en la figura de un gobernador que nombraba el presidente de los Estados Unidos, y un llamado Consejo Ejecutivo cuya mayoría de componentes era igualmente nombrado desde la metrópoli con personeros adictos a la misma. Sólo la Cámara de Delegados contaba con representantes elegidos directamente por los electores puertorriqueños habilitados. Esta situación provocó en 1904 que una facción del Partido Republicano se uniera al Federal para formar el Partido Unión de Puerto Rico, la agrupación política más poderosa durante los siguientes 20 años.
El Partido Unión de aquel entonces, cuyo líder máximo continuó siendo Muñoz Rivera, era muy similar al Partido Popular Democrático que décadas más tarde fundara su hijo, Luis Muñoz Marín. Se trataba de una coalición de tendencias que iban desde el anexionismo y el autonomismo, hasta un incipiente independentismo. Aunque continuaba siendo esencialmente una agrupación colaboradora con el régimen colonial, el Partido Unión era además reflejo de la creciente insatisfacción dentro de sectores del liderato político puertorriqueño, con el estado de sumisión y explotación al que los Estados Unidos estaban sometiendo a Puerto Rico.
Los dirigentes del sector cada vez más hostil al régimen dentro del Partido Unión lo fueron Rosendo Matienzo Cintrón, Rafael López Landrón y Luis Lloréns Torres. Ya entre los años 1906 y 1908 Matienzo Cintrón y Lloréns Torres cuestionaban abiertamente la relación colonial y proponían crear un crisis para obtener cambios en el régimen, ante la evidente desigualdad de fuerzas entre metrópoli y colonia. Esta propuesta radical fue combatida dentro del Partido Unión por la facción mayoritaria dirigida por el propio Muñoz Rivera, y la conservadora que lidereaba el presidente de la Cámara de Delegados José de Diego y Martínez, el caudillo independentista más sobreestimado en la Historia de Puerto Rico.
Las posturas cada vez más intransigentes del gobernador estadounidense de turno, Regis H. Post, y del Consejo Ejecutivo, dejaban ver que los “derechos reconocidos” a los puertorriqueños mediante la Ley Orgánica Foraker eran mas bien una broma que realidad. Conforme a hallazgos de estudiosos tales como Rafael Bernabe y Ronald Fernández, tanto el gobernador como el Consejo Ejecutivo seguían una política de menosprecio hacia “los nativos” de la Cámara de Delegados, la cual a su vez era controlada mayoritariamente por el Partido Unión. En efecto, aquéllos sostenían que el papel del único organismo legislativo que representaba a los puertorriqueños era el de servir como el proverbial sello de goma.
A principios de 1909 la situación se volvió tan tirante entre las ramas del régimen colonial local, que al Partido Unión no le quedó otra opción que utilizar el único verdadero poder cedido por la metrópoli: la de negarse a aprobar el presupuesto para el funcionamiento del gobierno. En efecto, el texto original de la Ley Orgánica Foraker contemplaba que tanto el Consejo Ejecutivo como la Cámara de Delegados tendrían la facultad de pasar juicio sobre el presupuesto que la administración colonial utilizaría para financiar su funcionamiento durante el año fiscal siguiente. Usando esa facultad, la Cámara de Delegados aprobó un presupuesto que reducía los salarios de los empleados del gobierno, especialmente los del tribunal federal estadounidense en Puerto Rico. El Consejo Ejecutivo rechazó, como cabría suponer, ese presupuesto, dando paso así al tranque gubernamental.
A esta crisis le siguió un receso legislativo y una asamblea extraordinaria del Partido Unión. Contrario a situaciones anteriores, esta vez la postura conciliatoria y sometida de De Diego Martínez quedó en minoría, al optar el bando mayoritario de Muñoz Rivera por mantener presión si las otras ramas de gobierno insistían en su intransigencia. Mientras tanto, el bando radical de Matienzo Cintrón y Lloréns Torres continuó proponiendo una abstención agresiva contra toda colaboración con el régimen colonial. “Si somos enemigos del gobierno”, afirmó Matienzo Cintrón, “no debemos perder ninguna oportunidad que se presente para atacarle”.
La perenne intransigencia del Consejo Ejecutivo hizo fracasar los esfuerzos conciliadores durante una sesión legislativa extraordinaria. La crisis se hizo oír en la metrópoli, donde el presidente William H. Taft se vio obligado a lidiar con la situación. Taft, uno de los principales arquitectos del régimen colonial, sentenció que los Estados Unidos “hemos concedido demasiado poder a los puertorriqueños con la ley Foraker”. El Congreso estadounidense aprobó entonces la llamada enmienda Olmstead, la cual enmendó la Ley Orgánica Foraker a los fines de que, de producirse una situación similar, el presupuesto del año previo continuara vigente. El nombramiento de un nuevo gobernador de nombre George Colton y la aprobación de la enmienda Olmstead, bastó para que Muñoz Rivera buscara la reconciliación con la metrópoli y abandonara a Matienzo Cintrón y a Lloréns Torres.
Con ochenta años de separación, los eventos de 1909 en San Juan y los de 1999 en Vieques demuestran que el cese de la colaboración cómplice del régimen, genera el único lenguaje que la metrópoli es capaz de entender: el de la crisis.

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