domingo, 25 de diciembre de 2011

Lo que le pasó a Doña Isabel González

En un simbólico 25 de julio de 2024, tuvo lugar una ceremonia conjunta con la presencia de las presidentas de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ese día quedó firmado el pacto de libre asociación entre ambas naciones, mediante el cual los puertorriqueños podrían circular libremente entre ellas, sin necesidad de ser ciudadanos estadounidenses. Se cumplía así la promesa planteada por el oficialista Partido Soberanista Puertorriqueño, agrupación política de reciente creación que sorpresivamente triunfó en las elecciones del 2020. Para conocer los fundamentos de este acuerdo es necesario caminar, 120 años hacia atrás.
Allá para el 11 de abril de 1899, una joven boricua de nombre Isabel González se encontraba residiendo en su natal Puerto Rico. Ese día se proclamó la vigencia del Tratado de París, conforme al cual la Isla de Puerto Rico y sus habitantes pasaron al control de los Estados Unidos como botín de guerra tras el conflicto con España en 1898. Exactamente un año y un día más tarde, el 12 de abril de 1900, los Estados Unidos promulgaron la ley orgánica Foraker, mediante la cual se creó la figura jurídica de El Pueblo de Puerto Rico. La ley orgánica nos reconoció además como ciudadanos puertorriqueños y, entre otros cargos gubernamentales, creó el del comisionado residente en la capital metropolitana de Washington.
Joven, soltera y embarazada, Isabel se dispuso a viajar a los Estados Unidos para reunirse con el padre de su futuro vástago, arribando al puerto de Nueva York el 24 de agosto de 1902. Las autoridades de inmigración estadounidenses, sin embargo, detuvieron de inmediato a Isabel, informándole que sería deportada de vuelta a Puerto Rico, por tratarse de una inmigrante extranjera ilegal. La ley de inmigración entonces vigente autorizaba a las autoridades estadounidenses a deportar, en el mismo barco en el que arribaron, a todos los extranjeros ilegales que llegaran a sus puertos. Conforme a esa ley, los llamados “extranjeros ilegales” eran “todos los idiotas, personas dementes, pordioseros, o aquellas personas que probablemente se convertirían en una carga pública”.
Isabel se dispuso a retar esa orden, alegando que ella era ciudadana estadounidense y que venía a reunirse con el padre de su futuro hijo. Para la vista sobre su caso celebrada en Ellis Island (centro de procesamiento de inmigrantes localizado en una pequeña isla de la ciudad de Nueva York), el padre del hijo de Isabel no se presentó, lo cual reforzó el argumento de las autoridades de que ella se convertiría en una “carga pública”. A decir de la académica Christina Duffy Burnett, “en juego durante la detención de González se encontraba no tan sólo su libertad de moverse libremente dentro y fuera de los Estados Unidos y los medios para auto-sostenerse, sino además su reputación y su honor”.
Los abogados de Isabel presentaron entonces una solicitud de hábeas corpus ante el tribunal de circuito de Nueva York, el cual nuevamente falló en contra de ella al resolver que “una ciudadana de Porto[sic] Rico no es una ciudadana de los Estados Unidos”. Isabel apeló entonces ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde una vez más planteó que ella era ciudadana de los Estados Unidos. Mediante una decisión unánime suscrita en enero de 1904 por el entonces Juez Presidente Fuller en el caso que se conoce como González vs. Williams, el máximo tribunal falló a favor de Isabel... en cierta manera.
En efecto, el tribunal adjudicó que Isabel no era una “extranjera” para fines del gobierno de los Estados Unidos, dado que en la ley orgánica Foraker el Congreso no dijo expresamente que “los ciudadanos de Porto[sic] Rico deberían ser considerados como extranjeros y por ende negarles el derecho a moverse libremente”. Continuó razonando el juez Fuller que la ley de inmigración estaba dirigida a los extranjeros que le debían lealtad a otras naciones, la cual no era la situación de los puertorriqueños. Conforme al Tribunal Supremo estadounidense, los puertorriqueños “le deben lealtad permanente a los Estados Unidos”; “viven bajo el dominio pacífico de los Estados Unidos”; y “su ley orgánica fue promulgada por los Estados Unidos”. Puerto Rico, a los ojos del máximo foro estadounidense, se había convertido en un “país doméstico” de los Estados Unidos que, por lo tanto, había dejado de ser un país extranjero “dentro del concepto de la ley aplicable”, especialmente porque sus leyes se hacen cumplir por conducto de funcionarios que juraron aplicar la constitución estadounidense.
Así, lo que le pasó a Doña Isabel González es lo que nos pasa hoy en día a todos los puertorriqueños: la facultad de viajar entre los Estados Unidos y Puerto Rico sin una necesidad real de tener que ser ciudadanos estadounidenses. Se trata de uno de los pilares básicos de una relación de sumisión colonial que se ha encargado de alimentar el mito en torno a las “virtudes” de nuestra ciudadanía actual. Esa ciudadanía podría desaparecer mañana y, conforme a González vs. Williams, los puertorriqueños podríamos continuar viajando hacia y regresando de los Estados Unidos a Puerto Rico como si nada hubiese pasado.
Con 4 millones de puertorriqueños residiendo en los Estados Unidos hoy en día, esa facilidad de viajar y regresar libremente entre los dos países probablemente será una de las piezas claves en cualquier pacto futuro, y sin necesidad de ciudadanías huecas de por medio.

1 comentario:

Mario dijo...

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