Un 26 de abril
de 1986, en la entonces región de Ucrania en la hoy extinta Unión
Soviética, el reactor número cuatro de la planta nuclear de Chernobyl
hizo explosión, provocando un incendio de grandes proporciones. La
contaminación radiactiva generada por el siniestro arropó grandes
sectores dentro de la propia Unión Soviética e, incluso, Europa. Se le
considera el desastre de energía nuclear más grande de la Historia. Su
extensión geográfica fue cientos de veces superior a la de la bomba
atómica arrojada sobre Hiroshima.
Aparte de los
muertos por la explosión propiamente, la mortífera influencia del
accidente en Chernobyl se manifestó en la gran cantidad de terreno que
cubrió el polvo nuclear desatado. Cientos de miles de personas tuvieron
que ser desalojadas. Miles murieron a consecuencia de cánceres
provocados por la exposición a la radiactividad. Los restos radiactivos
de la planta yacen sepultados bajo una gran loza de concreto y cerámica
que la opinión pública mundial se ha encargado de bautizar,
apropiadamente, el Sarcófago.
Aunque
afortunadamente no hemos tenido que confrontar una situación de
similares proporciones, Puerto Rico ya posee un desafortunado historial
de desalojos y evacuaciones provocadas por accidentes e incidentes de
súbita y mortífera contaminación ambiental. Hago la distinción entre
“accidentes e incidentes”, en la medida en que, más que meros accidentes
provocados sin intervención de la mano humana, nuestras tragedias de
contaminación por lo general se han debido a acciones voluntarias o, en
el mejor de los casos, a inexcusable negligencia rasante en
intencionalidad. Hagamos un somero repaso.
Para la década
de 1970 se denunciaron las prácticas de ciertas compañías agrícolas con
base en Israel, debido al uso masivo de insecticidas en las fincas que
cultivaban en San Isabel. Para la misma época y en años posteriores, se
denunció el uso de El Yunque para hacer experimentos con el veneno
“Agente Naranja” con miras a su uso por el ejército de los Estados
Unidos en la guerra en Vietnam.
De ese tiempo al
presente, la situación ambiental en nuestro País ha experimentado
situaciones de riesgo que han culminado en la evacuación de comunidades
enteras. Allá para el año 1977, un ganado pereció misteriosamente en
terrenos adyacentes a la llamada Quebrada Frontera en Humacao. Ese
incidente marcó el inicio del vía crucis para los residentes de una
urbanización llamada Ciudad Cristiana, quienes tres años más tarde
tuvieron que desalojar ese complejo residencial debido a la
contaminación con los llamados metales pesados.
El ejemplo más
palpable de desalojo poblacional en nuestra Historia, sin embargo,
posiblemente lo siga siendo el legado de contaminación cortesía de la
Marina de Guerra de los Estados Unidos en el triángulo bélico compuesto
por Ceiba, Culebra y Vieques. La gran base naval de Roosevelt Roads –
así llamada en honor al presidente estadounidense y presunto “amigo de
Puerto Rico” que para la década de 1930 nos obsequió con el nombramiento
de un gobernador asesino llamada Blanton Winship – contribuyó a la
contaminación descontrolada de esos municipios.
Conforme vimos
en una columna anterior (“El Plan Drácula”), la Marina de Guerra
pretendió que el gobierno colonial de Luis Muñoz Marín desalojara los
habitantes de las dos islas municipio – tanto a los vivos como a los
difuntos – con miras a usar la totalidad de sus territorios como
escenario para sus entrenamientos militares. Aunque el macabro plan
fracasó, tanto Vieques como Culebra fueron por décadas objeto de
bombardeos de práctica que dejaron a su paso la contaminación con
distintos tipos de materiales, incluso radioactivos. En el futuro, tal
vez en tiempos de nuestros nietos, el País pueda corroborar el uso de
Roosevelt Roads para “estacionar” submarinos nucleares.
Conforme a Carl
A. Soderberg, director de la División del Caribe de la Agencia Federal
de Protección Ambiental de los Estados Unidos, desde al menos la década
de 1990 Puerto Rico está contribuyendo marcadamente al problema del
calentamiento global. Nuestro consumo de hidrocarburos es tan agudo,
que utilizamos más combustible que siete países centroamericanos juntos,
afirmó Soderberg.
El incidente de
CAPECO, más allá de las connotaciones criminales y políticas que
potencialmente pueda generar, no es sino el ejemplo más reciente de
nuestra vulnerabilidad ante desastres ambientales que, por nuestra
limitada extensión geográfica, pueden resultar aún más letales.
Contrario a los habitantes de Ucrania, o a los del estado de Pennsylvania
tras el incidente de la planta nuclear Three Mile Island en 1979,
nuestras opciones de desplazamiento y evacuación son limitadas. En caso
de un accidente nuclear o algo similar, inexistentes.
El País debe
asimilar la lección colectiva que el incidente CAPECO brinda, y ponerlo
en perspectiva histórica para entender que estamos acumulando un
peligroso historial de desastres ambientales que nuestra condición
insular convierte en un signo ominoso. Será entonces y sólo entonces
que estaremos en posición de vivir para explicarle a nuestros nietos, en
el año 2030, las cándidas admisiones del gobierno estadounidense de
haber utilizado la que fuese su más grande base naval en el planeta,
localizada en su posesión colonial en el Caribe, para guarecer sus
submarinos nucleares.
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